Alta concentración en la propiedad y control de los medios de comunicación» y «deficiencias en los procesos y condiciones para la adjudicación de frecuencias a medios comunitarios» fueron algunas de las conclusiones del informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el 18 de febrero de 2016.
Respecto a la concentración, el informe advierte que durante la visita in loco realizada a ese país, se observó «una tendencia preocupante en lo que refiere a la adquisición de grandes medios por capital transnacional y el control de medios pequeños por parte de dirigentes políticos que reproducen contenidos ideológicos y concentran el mensaje».
En materia de medios comunitarios, la CIDH mostró satisfacción sobre la adopción de medidas positivas por parte de CONATEL para garantizar a los medios de difusión audiovisual comunitarios el acceso a frecuencias en el espacio radioeléctrico, en especial a partir del Reglamento de Servicios de Difusión con fines Comunitarios aprobado en agosto de 2013. Sin embargo, el informe advierte sobre «deficiencias» en los procesos y recomienda al Estado hondureño «legislar en materia de radiodifusión comunitaria de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios, a través del establecimiento de criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso y la operación de estos medios en condiciones de equidad, sin restricciones desproporcionadas o irrazonables».
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recomendaron al Estado «asegurar, mediante legislación, la existencia de criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital», los cuales «deben tomar en cuenta la concentración de la propiedad o el control de los medios de comunicación» y que la administración del espectro radioeléctrico la realice «un órgano independiente de injerencias del poder político y económico, sometido al debido proceso y al control judicial».
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