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Congreso de Argentina vota Ley de intermediarios en Argentina. Expertos señalan aspectos positivos pero también legalización de la censura privada

El proyecto sobre la “responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet” (ISP, por sus siglas inglés) iba a ser considerado hoy en la cámara de Diputados tras haber obtenido dictamen la semana pasada por parte de las Comisiones de Comunicaciones e Informática; de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Justicia, avalando lo aprobado en el Senado a fines de 2016. Según fuentes locales, la sesión se habría suspendido por presión de las entidades de derechos de autor y la Motion Pictures.

El proyecto, que alcanza a los proveedores de acceso, de almacenamiento, de publicación y alojamiento de contenidos, de comercio electrónico, y de búsqueda, retoma en términos generales los principios internacionales en la materia plasmados en los Principios de Manila y los estándares interamericanos en la materia, de forma de proteger a los intermediarios de presiones de autoridades estatales y otros actores privados. Reconoce que los ISP no son responsables por contenidos generados por terceros, estableciendo la obligación de cumplir con la remoción o bloqueo de contenidos siempre que medie una orden judicial, así como también determina que los ISP no están obligados a monitorear o supervisar los contenidos generados por terceros.

Sin embargo, plantea un controvertido artículo sobre “autorregulación” que se aleja no solo de los Principios de Manila sino además de los estándares internacionales sobre libertad de expresión al habilitar la censura privada. El artículo 7 reconoce expresamente, y sin restricción alguna, que cualquier empresa intermediaria podrá realizar el bloqueo y la remoción de contenidos así como la eliminación de perfiles y cuentas de usuarios, sin exigir el debido proceso, sin orden judicial, y por cualquier razón que libremente adopten las empresas, sólo por el hecho que un usuario haya incumplido sus términos de referencia o condiciones de servicio.

“Ninguno de los artículos de la presente ley podrá entenderse como una limitación a la capacidad de los Proveedores de Servicios de Internet de acordar libremente sistemas de autorregulación que: a) Establezcan mecanismos alternativos para la notificación, el retiro, bloqueo, suspensión y/o inhabilitación de acceso a contenidos que violen sus términos y condiciones de uso, en la medida en que dichos mecanismos hubieran sido informados a sus usuarios. b) Habiliten la suspensión o cancelación de los servicios brindados ante la violación de términos y condiciones de uso, en la medida en que las condiciones de dicha suspensión o cancelación hubieran sido informadas a los usuarios”, expresa el artículo 7 del proyecto.

De acuerdo con el Director Ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, el proyecto de ley tiene aspectos ampliamente positivos para la libertad de expresión en Internet (que explican la férrea oposición de las empresas de defensa de los derechos de propiedad intelectual, entre otros) pero entiende que el artículo mencionado va en contra de esos principios que la ley pretende proteger, y debería ser quitado de la norma.

“Esto no es “autorregulación” como titula el artículo, es un “cheque en blanco” que permitirá cualquier forma de censura privada, incumpliendo todos los estándares que defendemos y los Principios de Manila sobre Intermediarios, entre otros”, sentencia Gómez. “Que esto ya funcione así, no convierte en aceptable que se avalen y legalicen estas prácticas, y mucho menos en los términos que lo está en esta ley”. “De la simple lectura del proyecto surge claramente que se le otorgará un poder ilimitado a los gigantes de Internet, en condiciones que jamás aceptaríamos de un gobierno, ni siquiera elegido democráticamente”, afirma.

A propósito de la gran capacidad de los intermediarios para afectar el libre flujo informativo, para ilustrar las posibles consecuencias para la Argentina y la región de la aprobación en el Congreso del artículo 7 del proyecto de ley, el Director Ejecutivo de OBSERVACOM destacó las recientes declaraciones del Presidente Ejecutivo de Alphabet, Eric Schmidt, quien señaló que penalizará a los medios oficialistas rusos Russia Today y Sputnik por la difusión de noticias falsas dándolos de baja o haciendo que sean menos relevantes en los resultados de búsqueda. “Si siguen desinformando va a ser peor. No queremos llegar a prohibir estos sitios… Estoy en contra de la censura y claramente a favor de modificar su peso. Entiendo que es legítimo preguntarnos cómo damos más importancia a A por encima de B, lo asumo”, afirmó Schmidt según El País.

Gómez manifestó su asombro con estas declaraciones porque “se trata de un anuncio, expreso y público, de la capacidad que tienen algunos intermediarios para afectar el libre flujo de contenidos informativos en Internet, con un alcance global nunca antes visto”.

El artículo 7 del proyecto de ley también fue analizado por la organización argentina, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que, si bien considera el proyecto como “un paso adelante”, advierte que “las disposiciones sobre autorregulación merecen un examen más cuidadoso, puesto que otorgan un ejercicio discrecional a las plataformas para que a través de sus términos y condiciones, puedan decidir sobre el contenido que circula en Internet, sin tener que dar cuenta de sus decisiones ante los poderes públicos. Esto puede resultar un grave problema en caso de que una mala aplicación de las mismas de lugar a afectaciones a la libertad de expresión de las personas que habitualmente se comunican a través de Internet”.

En cambio, otras organizaciones sociales, entre las que se encuentran Access Now, Public Knowledge, Fundación Vía Libre y el Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad, firmaron una carta en la que ratificaron los principios establecidos y recomendaron la aprobación de la ley, más allá de algunas prevenciones expresadas en ámbitos privados con la disposición mencionada.

“Los intermediarios  juegan un rol crucial en el ejercicio de derechos fundamentales en Internet y por lo tanto,  se debe amparar a la ciudadanía de cualquier regulación que desnaturalice su función y les otorgue potestades de remoción de contenidos que son exclusivas del Poder Judicial. Nunca debe ser el Sector Privado el encargado de dirimir la legalidad o no de la información publicada por un usuario de Internet”, señala la carta. OBSERVACOM ha señalado que el artículo 7 anula estos principios, avalando una actuación de los gigantes de Internet contraria a estos principios.

Por su parte, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) celebró la aprobación del proyecto en forma integral. “De aprobarse, esta Ley otorgará certeza a la actividad de los intermediarios tecnológicos, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y permitirá fomentar la innovación y la generación de industrias locales de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet”, señala el comunicado.

Contrariamente, la iniciativa fue resistida por la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Cámara Argentina de Publicaciones, quienes consideraron que se vulnerarían los derechos de autor por no poder contar con un sistema adecuado para evitar la piratería en Internet, según informó Revista Fibra.

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