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De quién son los medios en Nicaragua

“En Nicaragua hay un marco regulatorio que regula el ejercicio periodístico y el quehacer de los medios de comunicación, sin embargo son leyes obsoletas, que no benefician ni protegen el ámbito de la comunicación y los medios.”

Cecilia Castro*/ Nicaragua, septiembre 2014.

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En Nicaragua hay un marco regulatorio que regula el ejercicio periodístico y el quehacer de los medios de comunicación, sin embargo son leyes obsoletas, que no benefician ni protegen el ámbito de la comunicación y los medios.

En el caso de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Ley 200, la cual es la encargada de supervisar, regular, normar y vigilar el control del cumplimiento de las regulaciones pertinentes, y determina al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) como su ente regulador, quien se convierte en la mayor debilidad de la Ley, ya que éste responde directamente a los intereses del presidente de la República, por lo que es una institución sin autonomía e independencia. Todo esto favorece la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.

La misma Ley 200 que prohíbe que empresarios extranjeros sean acreedores de medios, tal como lo establece el artículo 29, “Las licencias solo se otorgan a personas naturales o jurídicas nicaragüenses. En el caso de sociedades anónimas el capital deberá estar constituido por lo menos por el 51% de nacionales nicaragüenses”, pero es Telcor quien ha concedido licencias de medios a empresarios extranjeros.

El Estado de Nicaragua en los últimos siete años ha intentado reformar este marco jurídico, sin embargo sus “cambios” han despertado inquietudes entre el gremio periodístico. Una de las más emblemáticas, fue la Ley 670, Ley de Prórrogas a las Licencias Vencidas, la cual mandó a prorrogar de manera indefinida las licencias de los medios de comunicación, hasta que sea promulgada una nueva ley de comunicación. Siete años después del nacimiento de la legislación seguimos esperando lo comprometido.

Desde el año 2007 el mapa de la concentración de medios de comunicación empezó a reordenarse. En el caso de la televisión es más visible la tendencia del duopolio que maneja la propiedad de los medios.

En un primer momento se encuentra el actor supranacional Ángel González, un guatemalteco nacionalizado mexicano propietario de la red latinoamericana de medios, Albavisión, pero que en Nicaragua se presenta bajo la figura jurídica de “Ratensa” para el medio televisivo. Desde el año 1997 se convirtió el propietario de Canal 10, y ahora es acreedor de los Canales 2, 7, 9, 10, 11, 17, en UHF, y los Canales 17, 19, 25, 32, 33 en VHF.

Por otro lado está la familia presidencial que de una amplia ventaja en la propiedad de los medios, son la figura real detrás de las transacciones de Albanisa, empresa privada constituida con el dinero de la cooperación venezolana utilizada con total discreción por el presidente Ortega. Este consorcio ostenta ser dueño de al menos 4 canales de televisión, y de manejar el único medio estatal, canal 6, que supone ser de línea editorial presidencial.

Telcor, el ente regulador de las telecomunicaciones, ha sido el causante de que el mapa televisivo esté monopolizado por el duopolio González-familia presidencial, pues ha facilitado las operaciones para que estos vayan adquiriendo licencias sin control.

Desde que Telcor concedió la primera licencia a Ángel González, pasó por alto que el artículo 68 de la Constitución Política obliga a vigilar “que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”. Pero González astutamente usa el nombre de terceras personas, nicaragüenses obviamente, para que sean ellas las encargadas de hacer las transacciones de la compra  del medio. Otro punto a su favor, es la relación económica y política que mantiene con el presidente Ortega.  

De igual manera Telcor beneficia a la familia presidencial, que utiliza el mismo modus operandi que el mexicano, utilizando el nombre de Albanisa fue que compraron Canal 8 en el año 2010. Y por motivos de su relación con González fue que adquirieron las acciones totales de Canal 4.

A consecuencia de la monopolización de los medios televisivos, es que programas de opinión donde se hacían fuertes críticas a las acciones del gobierno desaparecieron del campo mediático. A ésto hay que agregarle el problema de la publicidad oficial, y las acciones de Telcor. El cierre del programa matutino El 10 en la Nación,conducido por el político Jaime Arellano, se debió a gestiones directas ante Ángel González. Por mencionar un ejemplo.

En Nicaragua nos encontramos con medios de comunicación televisivos alineados donde es sesgada la libertad de expresión, y donde ya no existe la crítica ni los debates. En los pocos medios independientes que hay como Canal 12 en UHF y Canal 14 en VHF, se hacen pequeños intentos por debatir temas y colocarlos en agenda.

Otro de los fenómenos que se presenta en nuestra televisión, es el poder que tiene la familia presidencial sobre el único canal estatal, el cual es utilizado para reproducir los discursos del presidente Ortega, cuando raramente habla. El Canal 6 es otro de los medios que se suma a la lista de propiedad de la familia presidencial, de “Estatal” solo el nombre tiene.

Las arbitrariedades, atropellos y la monopolización que se presenta en nuestra televisión, es responsabilidad de la alineación que Telcor tiene con las políticas de Daniel Ortega, y por la falta de autonomía que tiene como institución. Por estas y muchas razones es que nace la inquietud de la creación de una Ley de Comunicación que reglamente cada caso específicamente, una legislación que venga a poner fin a los duopolios. Lo cierto es que entre más tiempo lleve la aprobación de una nueva ley el escenario será peor para los medios televisivos, específicamente.

En el caso concreto de la radio Ángel González salió beneficiado, pues al adquirir Canal 2, automáticamente se le acreditó como dueño de Radios Coasa, de igual forma que pasó con las Radios de Ratensa que estaban en consorcio con el Canal 10. Entonces el mexicano se convitió en dueño de 12 estaciones de radio, más las que se desconocen, pues las licitaciones con Telcor se hacen en total discreción. El paso agigantado con que el mexicano va adquiriendo estaciones de radio y televisión es preocupante. De igual manera la familia presidencial tiene a su disposición siete estaciones de radios.

La deuda anticipada que tendría la nueva Ley de Comunicación con la sociedad es la creación de un sistema de radios comunitarias, pues sigue siendo un tema pendiente en la agenda.

Aunque hay pequeñas asociaciones de rados que se autodefinen como “Radios comunitarias” como es el caso de las conglomeradas en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que forman un conjunto de radios locales en todo el país, donde se abordan temas sociales.

En definitiva el campo de la propiedad de los medios de comunicación en Nicaragua, está en manos de un extranjero, desconocido para la mayoría de nicaragüenses, testaferro que con la ayuda de Telcor está acaparando los pocos espacios de libertad de expresión que nos quedan, asimismo está aliado por un presidente que atropella las leyes, y que en complicidad con el ente regulador violentan las legislaciones y permiten que las comunicaciones sean monopolizadas.

*Cecilia Castro es Analista de Medios de Comunicación, en el Observatorio de Medios de CINCO

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