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Defensoría del Público de Argentina propone límites a la concentración, tarifa social y protección de derechos de audiencias para incorporar al proyecto de Ley “Corta”

Límites a la concentración, acceso universal y protección de derechos de las audiencias fue el centro de las propuestas de la Defensoría del Público durante la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado a la que fue invitada para exponer sobre el Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o “Ley Corta”.

Un aspecto fundamental para la Defensoría es “incorporar algún mecanismo eficiente y adecuado para la regulación de la concentración”, según explicó María José Guembe, titular del organismo, ya que el proyecto de ley supone que a partir de 2019 los operadores de TV paga (tanto por cable como satelital) podrán brindar servicio en todo el país sin restricciones. “El sentido universal del derecho a la comunicación exige la adopción de medidas antimonopólicas específicas que aseguren una libertad de expresión amplia, plural y diversa”, enfatizó.

Además, Guembe señaló que la Defensoría del Público debería ser incorporada en el proyecto de ley como organismo encargado de proteger los derechos de las audiencias y los usuarios de las comunicaciones desde una concepción de la comunicación como derecho humano. “Por un lado, porque el acceso a las comunicaciones no depende de un vínculo contractual y económico y, por otro, porque quienes son licenciatarios tienen una responsabilidad social, lo que define una serie de obligaciones y consagra ciertos derechos. Por lo cual se propone a la Defensoría del Público como instancia de protección de los derechos de los usuarios y audiencias de las comunicaciones”, señaló.

Por último, desde la Defensoría del Público recomendaron la incorporación de una tarifa social para garantizar el acceso universal a los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, “ya que la imposibilidad de acceder a estos servicios por cuestiones económicas afecta el derecho humano a la libertad de expresión”, sentenció Guembe.

A comienzos de abril de este año, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Modernización presentó un proyecto de “Ley Corta”, que plantea nuevas modificaciones a las reglas de juego del sector que se suman a las ya implementadas por el oficialismo a través de decretos presidenciales con los que se modificaron las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital al inicio de la gestión de de Mauricio Macri.

Recientemente, la Defensoría del Público denunció la profundización del escenario de concentración mediática en Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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