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Edison Lanza: Ley de Medios de Uruguay es la norma con mayor impugnación de la historia pero superó el test de constitucionalidad

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) “ha sido la ley con mayor impugnación de la historia”, no obstante, superó el “test de constitucionalidad” en más del 95% de los recursos, aseguró el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza a El Espectador.

Incluso el propio ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, había afirmado en 2016 que “de unos 200 artículos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos artículos, y esos artículos no hacen a lo que es la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, la estructura en cuanto a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial… ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”.

Lanza además señaló que “si se aplicara la Ley de Medios, Uruguay se convertiría en el primer país de América del Sur con tener un organismo con tantas garantías de autonomía e independencia del poder político y económico”, en alusión al Consejo de Comunicación Audiovisual, organismo responsable de la fiscalización y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Hasta el 14 de abril, el Parlamento abrió el período para recibir aspirantes para ocupar uno de los 4 cargos (de 5 que tiene el organismo) que elegirá la Asamblea General.

En su Informe Anual 2017, la Relatoría Especial de la CIDH advirtió acciones realizadas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) para aplicar e implementar la LSCA, en particular, controles sobre la tanda publicitaria y protección de la niñez.

“Al cierre de este informe se había constituido la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA). Sin embargo aún no había sido aprobada la reglamentación de la ley y permanecía pendiente la puesta en marcha de la institucionalidad prevista para su implementación integral”, señala el informe.

 

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