36 destacados académicos expertos en medios y libertad de expresión expresaron públicamente su preocupación por las nuevas políticas de comunicación implementadas por el nuevo gobierno argentino del presidente Mauricio Macri a través de la aprobación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) 13/15 y 267/15, advirtiendo que «tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales y leyes» vigentes en Argentina.
Las políticas de comunicación no pueden ser resueltas «sin discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales», afirman en su declaración y mucho menos «puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales».
Advierten que no es posible adoptar «construir políticas de estado» mediante decretos, cuyas razones «no justifican el carácter de necesidad y urgencia de las medidas» y, aunque coinciden en «críticas, por cierto válidas, a la implementación selectiva, parcial o partisana de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la anterior administración» subrayan que estos errores «no se subsanan eliminando o alterando por decreto los artículos centrales de la misma, sino, en todo caso, velando, en lo que compete al gobierno, por su implementación imparcial y transparente» o modificando la ley como «resultado del debate legislativo, del amplio conocimiento público y de la participación social».
Para los expertos firmantes, «el relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia».
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