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Gobierno argentino elaborará proyecto de “ley convergente” en 180 días

El Ministerio de Comunicaciones  oficializó la conformación de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes N° 26.522 y N° 27.078, creada por el decreto N° 267/2015. La misma está integrada por seis miembros: Héctor Huici, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista y experto en derecho a la comunicación en Internet; Henoch Aguiar, vicepresidente de Arsat (la empresa satelital de propiedad estatal) y ex Secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fernando De la Rúa; el filósofo Santiago Kovadloff; y Alejandro Pereyra y Silvana Giudici, ambos directores del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La comisión, coordinada por Giudici, cuenta con 180 días para elaborar la propuesta  de ley. En su primera reunión se estableció el reglamento de funcionamiento en el que se prevé la realización quincenal  de consulta a organizaciones y especialistas. Para la primera, que tendrá lugar el 20 de abril, fueron convocados el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (Cositmecos) y los ex relatores especiales de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón y Eduardo Bertoni, que actualmente se desempeñan como funcionarios del gobierno nacional en los cargos de Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y Director Nacional de Protección de Datos Nacionales, respectivamente.

Además de las audiencias, la Comisión prevé organizar actividades en Universidades Nacionales así como eventos especiales y seminarios. Alternados con las consultas, la Comisión tendrá reuniones para redactar el anteproyecto de Ley.

Estos mecanismos que buscarían incorporar las distintas miradas para la elaboración de la nueva normativa parecen mostrar una cierta apertura frente al  carácter gubernamental de la propia comisión y del ente regulador (ENACOM) , lo cual fue destacado en la audiencia del pasado 8 de abril por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Como plantea el investigador Martín Becerra, la nueva normativa “deberá abordar los efectos del DNU (267/15), incluso cuando varias de sus disposiciones sean problemáticas”. Cabe recordar que dicha normativa flexibilizó los límites a la concentración, amplió los plazos de las concesiones y dejó fuera de la regulación audiovisual a la TV para abonados, beneficiando a los actores más concentrados del sector audiovisual.

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