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Relatoría reconoce avances en Chile pero destaca uno de los “mayores índices de concentración” en la región y discriminación a medios comunitarios

“A 13 años de la primera visita oficial de la Relatoría Especial a Chile, los avances para garantizar el derecho a la libertad de expresión son notables”, señala el informe del país de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que forma parte del capítulo II del Informe Anual 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, la Relatoría reconoce que “persisten algunas normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país”. En particular, se refiere a la concentración indebida de la propiedad y el control de medios.

La Relatoría señala que a pesar de la adopción de distintas normativas, como la Ley de TV digital, entre otras, destinadas a promover el pluralismo y diversidad en los medios, en la práctica, “Chile exhibe uno de los sistemas mediáticos con mayores índices de concentración”.

De ahí que en el Informe se recomienda, entre otras cuestiones, “fortalecer la aplicación de la ley que establece fondos para la realización de estudios sobre pluralismo en el sistema de medios”; “capacitar y promover política a nivel de la Fiscalía de la Competencia en relación con la prevención de las prácticas oligopólicas en los mercados de la comunicación y aplicar al control de las adquisiciones y fusiones de medios de comunicación criterios que además de los aspectos económicos contemplen la promoción de la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios de comunicación”.

Además, la Relatoría recomienda aprobar normas complementarias: “en especial, deben establecerse por ley procedimientos claros y transparentes para la asignación y renovación equitativa de frecuencias para los medios públicos, comerciales y comunitarios; establecer límites razonables a la acaparación de medios audiovisuales que requieren licencia o asignación de espectro y una progresiva adecuación de aquellos que superen los límites que se establezcan; y reglas de transporte para asegurar la transmisión en la televisión para abonados de los medios públicos, comerciales y comunitarios”, señala el informe.

Enrelación a la situación de los medios comunitarios sin fines de lucro (reconocidos mediante ley en 2010), la Relatoría Especial reiteró al Estado “que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su desarrollo y sustentabilidad”. Entre ellas cita “las limitaciones que pueden estar previstas en la legislación, o que se imponen en la práctica, que establecen para cierto tipo de medios restricciones en cuanto a contenidos, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento”. Para la Relatoría, “no parece existir ninguna razón para impedir que las radios comunitarias puedan tener cobertura local o nacional, dependiendo de su proyecto social. La radiodifusión comunitaria no está necesariamente limitada a áreas de servicio definidas geográficamente. Salvo restricciones razonables para evitar la concentración en la propiedad de los medios, la ley no debe preestablecer límites arbitrarios sobre la cobertura, la potencia o el número de estaciones comunitarias en zonas geográficas particulares”. Asimismo, afirma el informe “Las radios comunitarias deben tener acceso a recursos para garantizar su sustentabilidad financiera de su proyecto en condiciones de igualdad y sin más limitaciones que aquellas necesarias para garantizar su función social e independencia”.

En lo referente a Internet y libertad de expresión, la Relatoría especial destacó la adopción de la Agenda Digital 2020, cuyo objetivo es garantizar los beneficios de las TIC para la población general. No obstante, señala que “sin perjuicio de los avances logrados hasta el presente, la Relatoría Especial estima que el principal desafío de Chile reside en incorporar un verdadero enfoque basado en los derechos humanos en el diseño, desarrollo e implementación de estas políticas, que ponga el ser humano y sus derechos en el centro”.

De ahí que recomienda “revisar el marco jurídico vigente, prácticas y políticas con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos en el contexto digital”. Asimismo señala la importancia de “avanzar en la adopción de medidas positivas para facilitar el acceso universal y de calidad a Internet, con un mayor enfoque a las comunidades excluidas y los grupos en situación de exclusión o discriminación, siempre sobre la base del respeto a los derechos humanos”.

Cabe recordar que la Relatoría Especial realizó una visita oficial a Chile entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2016, previo al 158 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH, luego de la cual había presentado sus observaciones preliminares.

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