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OBSERVACOM considera que proyecto de ley de plataformas de Internet (PL2630) de Brasil es un avance para derechos de usuarios en Internet

OBSERVACOM considera que proyecto de ley de plataformas de Internet (PL2630) de Brasil es un avance para derechos de usuarios en Internet. Algunos artículos precisan revisión o pasar a otra ley.

OBSERVACOM se ha posicionado públicamente -en continuo diálogo con la sociedad civil, los gobiernos y las empresas- en defensa de la importancia de una regulación de las plataformas digitales de contenidos de terceros que respete la libertad de expresión, garantice los derechos de los usuarios y refuerce el control social de la moderación de contenidos para asegurar un entorno de debate plural y diverso. Es con este apoyo que la organización reconoce públicamente el importante proceso de debate y formulación en el ámbito de los procedimientos del PL 2630/2020 que se desarrolla en el Congreso de Brasil.

El avance en materia de derechos de los usuarios que supone el texto aprobado en el Grupo de Trabajo de la Cámara, aunque imperfecto y con puntos de atención es, en gran medida, un mérito de la sociedad civil organizada en defensa de los derechos digitales y una demostración de la importancia de un proceso de diálogo abierto y multisectorial en el desarrollo de la regulación de las plataformas.

El proyecto puede ser una referencia relevante para que América Latina avance hacia la garantía de los derechos también en Internet; de fortalecer los procesos democráticos en el actual contexto de circulación de contenidos, combatir la desinformación y las prácticas nocivas en Internet y de encontrar formas democráticas de control social y público de las acciones de las grandes empresas.

PUNTOS POSITIVOS

(a) Regulación asimétrica en función del tamaño de las plataformas

La norma alcanza sólo a las empresas con ánimo de lucro que tienen más de 10 millones de usuarios en Brasil (el 5% de la población total). De esta manera permite el surgimiento de plataformas competidoras 2 y/o que estén centradas exclusivamente en actividades con un impacto significativo en la circulación de la información y la cultura.

(b) Regulación específica para ciertas plataformas digitales

A diferencia de iniciativas generalistas de otros países, el proyecto alcanza solamente a las plataformas de contenido de terceros (redes sociales y motores de búsqueda) y a las aplicaciones de mensajería instantánea. Es decir, aquellas que pueden afectar la libertad de expresión y la deliberación pública en Internet. No aplica a servicios que son enciclopedias en línea sin ánimo de lucro, repositorios científicos y educativos, plataformas de desarrollo e intercambio de software de código abierto y plataformas cerradas para reuniones virtuales por vídeo o voz. En otras palabras, se centra precisamente, para recortar un sector de proveedores de aplicaciones y observar sus especificidades.

(c) Regulación centrada en procesos de moderación, no en contenidos

El actual texto propone regular, en principio, los procedimientos de moderación de contenidos y de transparencia de perfiles y cuentas, en lugar de obligar al sector privado a definir lo que puede o no circular por las plataformas. Es decir, propone la regulación de los procesos y no de los contenidos, en línea con las directrices internacionales de los expertos en la materia.

(d) Obligaciones razonables de transparencia y rendición de cuentas

La propuesta crea obligaciones como la elaboración de informes semestrales en el idioma nacional, para informar sobre los procedimientos y decisiones relacionados con la intervención activa de cuentas y contenidos generados por terceros dentro de los perfiles operados en el territorio, entre otras. Se trata de exigencias legítimas, consideradas por organismos internacionales como un derecho de sus usuarios/as, que también permiten a la sociedad civil, al mundo académico y a los poderes públicos supervisar el trabajo de las empresas, así como para conocer el nivel y los principales puntos de preocupación sobre los usos de la red por parte de los/as brasileños/as.

(e) Garantías de debido proceso ante decisiones unilaterales de las empresas

El texto reconoce el derecho de los usuarios/as a ser notificados sobre las intervenciones de las empresas en sus contenidos y cuentas, además de exigir la previsión de mecanismos de recurso y el derecho a la 3 indemnización en caso de daños. También prevé el establecimiento de plazos para que estas empresas respondan a las consultas y recursos de los usuarios (art. 15).

(f) Obligación de representación legal en el país

Las grandes plataformas de contenidos (unas pocas, y muy grandes) no estarán obligadas a instalar una oficina en Brasil, pero sí a tener una representación legal y mecanismos que permitirán disminuir las barreras para que los ciudadanos brasileños puedan tener garantizado el derecho a impugnar y buscar reparación de daños ante decisiones injustas. Para el Estado, es la posibilidad de dialogar y exigir el cumplimiento de las normas democráticamente establecidas en el país, como el derecho al consumidor y otros.

(g) Transparencia sobre publicidad política y contenidos promocionados

El proyecto establece la obligación de identificación de la publicidad política, además de definir que cualquier publicidad que mencione a un candidato, coalición o partido debe ser considerada política. Este concepto de publicidad política puede reducir la ocurrencia de publicidad electoral por parte de particulares, prohibida en el país, y permite el monitoreo por parte del público y de las candidaturas respecto a las narrativas presentes en los contenidos pagados, dando visibilidad al debate realizado en burbujas con perfiles específicos. Además, las plataformas deben facilitar la identificación de todos los contenidos promocionales y publicitarios que se hayan promocionado a cambio de un pago.

Hay otros aspectos positivos que necesitan de mayores precisiones, como el referido a la “autorregulación regulada” y respecto a la creación y aprobación de Códigos de Conducta de las plataformas, complementarias a esta regulación pública. Se trata de un acierto, en relación a versiones anteriores, otorgar competencias al Comité Gestor de Internet en Brasil en estos aspectos.

PUNTOS NEGATIVOS

Entendemos, sin embargo, que hay algunos artículos que no son adecuados -incluso incompatibles con estándares internacionales-, y que no fueron discutidos amplia y exhaustivamente como deberían serlo temas tan sensibles como complejos. Se trata de cuestiones que sólo se incluyeron en el ámbito del Grupo de Trabajo y a último momento. Entre los más importantes están:

(h) Inmunidad total a cuentas de parlamentarios/as en redes sociales

La propuesta extiende el concepto de “inmunidad parlamentaria” en Internet, por lo cual las plataformas no podrían tomar medidas contra ninguna publicación de los/as parlamentarios/as, aún ante expresiones manifiestamente ilegales y que impliquen un daño real, grave e inminente. Así, la norma establece un doble rasero en relación con otros usuarios que no son cargos electivos y públicos -que deberían tener menos privilegios, y no más- por lo cual resulta incompatible con estándares internacionales de libertad de expresión. La propuesta, tal y como está redactada, puede abonar el terreno para que crezcan las figuras autoritarias y las que coquetean con propuestas violentas.

(i) Exigencia de remuneración de contenidos a los medios de comunicación

También a última hora se incluyó un dispositivo para obligar a las plataformas a remunerar los contenidos periodísticos. Si bien el impacto de las grandes plataformas sobre la propia existencia de medios de comunicación y el periodismo es un asunto relevante que el país debe abordar, el texto es vago, impreciso y está sujeto a regulación gubernamental discrecional, lo que significa una carta en blanco para la definición de una política de tal importancia e impacto en los medios y la propia democracia. Debería quitarse de este proyecto de ley para ser debatido en un proceso con más tiempo de análisis y participación multisectorial, en una ley específica.

Atentamente,

Gustavo Gómez

Director Ejecutivo

OBSERVACOM

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