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47 senadores presentaron acción de inconstitucionalidad por reformas sobre derechos de las audiencias en México

México, 30 de noviembre de 2017

 

Con la firma de 47 senadores, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el cual se modificaron disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión relativas a los derechos de las audiencias.

 

El decreto eliminó la distinción entre información y opinión que deben hacer los medios de comunicación ante sus audiencias, impide al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) establecer sanciones frente a eventuales violaciones de sus derechos (“suspensión precautoria” de contenidos), sólo habilita la protección de las audiencias cuando los canales se autorregulen a partir del establecimiento de su propio código de ética.

 

El documento presentado ante la Corte señala que “el decreto aprobado transgrede la prohibición de no regresividad de las normas de derechos humanos”. A su vez, se plantea que “el legislador no realizó un test de proporcionalidad” de la medida en relación a lo que plantea la Constitución, que reconoce los derechos de las audiencias.

 

El tercer concepto de planteo de invalidez del documento señala que el Decreto que reformó la Ley de Telecomunicaciones “vulnera el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre derechos humanos porque la regulación de los derechos de las audiencias quedará en manos de los concesionarios a través de códigos de ética que ellos aprobarán y que el regulador no podrá objetar”. Además sostiene que “los códigos de conducta o ética no constituyen una ley en sentido formal y material, y principalmente porque las limitaciones a los derechos de las audiencias no observaron un test de proporcionalidad entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias”.

 

Los senadores también plantearon que el decreto “contraviene los derechos reconocidos en la Constitución debido a que transgrede la imparcialidad de los defensores de las audiencias”, en la medida en que estos serán designados por las propias empresas.

 

Por último, el documento presentado ante la Corte sostiene que la normativa “transgrede las facultades reconocidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones para proteger los derechos de las audiencias”, ya que se le quitó la potestad de regular, supervisar y sancionar las transgresiones en esta materia.

 

La acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte surgió como resultado de la denuncia de distintas organizaciones sociales que, a comienzos de noviembre, hicieron un llamado a los senadores para impulsar la demanda.

 

 

 

 

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