En su visita in loco a Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado a partir de las observaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión “adoptar las medidas legislativas y políticas públicas para reconocer y hacer efectivo el acceso de los medios comunitarios a frecuencias y licencias de radiotelevisión”, así como también garantizar la diversidad y el pluralismo en el proceso de la transición digital a través de “la adecuación de los estándares interamericanos de los procesos de acceso, renovación o revocación de las licencias; el reconocimiento de los diferentes sectores en los medios de comunicación; la promoción de diversos y nuevos operadores; y la regulación de los límites a concentración”.
En un comunicado con las “observaciones preliminares” de la visita, realizada entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2017, con la participación del Relator de libertad de expresión, Edison Lanza, la Comisión reconoció como un avance en materia de libertad de expresión que la Secretaria de Comunicación de la Presidencia haya dado por terminada la práctica de asignación discriminatoria y publicidad oficial hacia medios que se muestran afines al gobierno.
Por el contrario, el organismo “constató que Guatemala no registró avances en relación con los excesivos niveles de concentración en la propiedad de la televisión abierta” y señaló el rol del empresario Ángel González, dueño de los cuatro canales privados de VHF, quien de acuerdo con diversos actores entrevistados es responsable de imponer una agenda afín a sectores que se oponen a reformas institucionales vinculadas al combate a la corrupción y a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos.
En relación al proceso de implementación de la televisión digital, la CIDH manifestó su “preocupación por la inexistencia de un plan para ordenar el espectro y la asignación de frecuencias que permita el ingreso de nuevos operadores; por el contrario, fuentes de prensa dan cuenta de la renovación de todas las frecuencias del grupo que domina la televisión en Guatemala”.
La CIDH también expresó “su grave preocupación respecto a la inexistencia de avances en la obligación asumida en múltiples oportunidades por el Estado para reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria e implementar la asignación efectiva de licencias para que las comunidades, en particular las indígenas, puedan gestionar sus radios y expresarse en sus lenguas y promover su cultura”.
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