Cobertura por Ana Bizberge, editora de contenidos de OBSERVACOM
Organizaciones sociales presentaron en el Foro de Gobernanza de Internet Latinoamericano, LACIGF, que se celebra en La Paz (Bolivia), la propuesta de regulación de plataformas “Aportes para una regulación democrática de grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en Internet”.
La iniciativa fue impulsada por OBSERVACOM, Intervozes de Brasil, Desarrollo Digital, IDEC y contó con los aportes (a título personal) de Javier Pallero, Coordinador de Políticas Públicas para América Latina de Access Now; Joan Barata, Miembro de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información; Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); el consultor Andrés Piazza; los profesores de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Mastrini y Martín Becerra; y Juan Ortíz Freuler, investigador afiliado al Berkman Klein Center.
La propuesta cuenta además con el apoyo de otras organizaciones como TE-DIC de Paraguay, PROLEDI de Costa Rica; Usuarios Digitales de Ecuador y CAinfo de Uruguay.
Olivia Bandeiras, del colectivo Intervozes, explicó que el documento aporta elementos para pensar la regulación de grandes plataformas que sea compatible con los derechos humanos.
“El gran poder económico de las plataformas basada en el uso masivo de datos personales exige pensar en un modelo de gobernanza multisectorial, que incluya medidas de auto- regulación, co- regulación y regulación estatal”, explicó.
El Director Ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, presentó los contenidos de la propuesta y señaló que se trata de “una perspectiva latinoamericana para lograr procesos de moderación de contenidos compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.
La iniciativa busca “determinar cómo debería ser una “moderación de contenidos de terceros” (si las plataformas deciden hacerlo) que sea compatible con los estándares internacionales de DDHH, coloca obligaciones razonables y democráticas sobre las condiciones y procedimientos sobre los contenidos de terceros que podrían utilizar las plataformas, para que sean legítimas. Propone más lo que no deben hacer las plataformas, que promover activamente lo que deben hacer”, explicó.
El documento postula una regulación “progresiva y asimétrica” que alcanza a “plataformas de contenidos”, es decir, motores de búsqueda, redes sociales y plataformas de intercambio de contenidos de terceros). En cambio, no incluye a servicios de mensajería.
Dentro de las plataformas de contenidos, se propone que haya mayores exigencias para aquellas con posición dominante (por su incidencia en el debate público, fuente de información, etc.) pero mínimas para start-up, sin fines de lucro o específicas para no bloquear innovación y otras.
Gómez señaló que la iniciativa busca también empoderar a los usuarios. “Se acepta la moderación de contenidos con ciertas condiciones, y se propone dar mayor poder a los usuarios para determinar lo que quieren ver o no ver en esas plataformas (contenidos “ofensivos”, “inapropiados”, “indecentes” y otros). Mayor derecho a defensa antes de determinar una remoción de contenidos y no sólo para apelar después”, detalló.
En base a los estándares de derechos humanos, la propuesta de las organizaciones sociales para regular plataformas retoma el criterio de proporcionalidad.
“Las Plataformas pueden restringir e incluso prohibir (por decisión propia) ciertos contenidos pero las “sanciones” deberían aplicarse de manera proporcional al daño que pudieran ocasionar. La “notificación y bajada” no puede ser adoptada por default ante cualquier violación de los términos de servicio o ante conflicto de derechos”, señaló el Director Ejecutivo de OBSERVACOM.
Además explicó que el estándar de proporcionalidad aplica no sólo a las sanciones que pudieran aplicar sino también a los procedimientos y debido proceso para ajustarse a los derechos humanos en línea.
“Debe garantizarse el debido proceso y el derecho a defensa antes de tomar una decisión de remoción o restricción de contenidos o cuentas/perfiles, salvo que haya un daño grave, inminente e irreparable o de difícil reparación…Debe prohibirse la utilización (por decisión propia u obligación legal) de filtros de subida o carga, salvo para proteger a la niñez o excepciones que en el documento se mencionan. De lo contrario, sería censura previa”, sintetizó.
En materia de transparencia y rendición de cuentas y derecho de apelación, la propuesta de regulación recoge las propuestas de organismos multilaterales y organizaciones sociales tales como Principios de Santa Clara o Principios de Manila o los Relatores, pero las transforma en obligaciones y no en sólo en recomendaciones que las plataformas pueden adoptar si quieren.
Para el derecho a defensa ante la remoción o restricción del acceso a los contenidos, se promueve la auto- regulación, a través de la adopción de mecanismos internos de resolución de controversias y cualquier otro mecanismo pre-judicial, «pero las plataformas no pueden impedir que un usuario pueda reclamar por violación de derechos ante la justicia de su país, ni incluir en sus términos de servicio que las controversias se resolverán en un país distinto”, detalló Gómez.
Asimosmo planteó que la propuesta regulatoria también debe contemplar la protección para las plataformas a través de mantener el principio de no responsabilidad legal sobre contenidos de terceros y la prohibición de obligar por ley a las plataformas a realizar monitoreos sistemáticos y genéricos de contenidos.
Por último destacó la necesidad de contar con organismos reguladores con suficiente autonomía, independencia e idoneidad como parte del diseño institucional para determinar quién aprueba y aplica la regulación.
Andrés Sastre, Director Regional para el Cono Sur de ASIET, dijo que “la propuesta es garantista y estamos de acuerdo con la no responsabilidad objetiva de las plataformas”.
“Hay que dejar de tenerle miedo a la regulación… la autorregulación ya dio es suficiente, tampoco los modelos de vigilancia como el chino, la solución tiene que ser multilateral e incluir a las empresas, comunidad técnica y sociedad civil”, dijo.
Por su parte, Diego Canabarro, de ISOC, destacó una serie de principios que, desde la perspectiva de la organización, debe contemplar la regulación. En primer lugar, el abordaje de múltiples partes interesadas; en segundo lugar, que tenga en cuenta la protección de las cualidades de Internet, es decir, u naturaleza global de redes interoperables, basadas en la colaboración, desarrolladas con estándares abiertos. Por último, mencionó la necesidad de un abordaje “fit”, es decir, proporcional, informado (basado en evidencia) y en áreas específicas, no en la tecnología per se.
El documento propuesto por las distintas organizaciones de la sociedad civil se puede consultar en español, inglés y portugués.
La propuesta está abierta a consulta pública hasta el 15 de octubre y se puede dejar los comentarios aquí.
El documento también esta abierto a firmas de organizaciones que actúen sobre el tema en América Latina. Para firmar, envía un correo a: contacto@observacom.org
Debate: «Bases para un modelo democrático de regulación de internet» 1º Parte
Debate: «Bases para un modelo democrático de regulación de internet» 2º Parte
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