El 29 de febrero venció el plazo -de 60 días- para que las radios comunitarias presenten las declaraciones juradas sobre ingresos y gastos anuales, planillas laborales, y otros documentos necesarios para realizar auditorías contables ante el regulador uruguayo de telecomunicaciones, URSEC. Si bien AMARC-Uruguay no se opone a tal exigencia, denuncian un “trato discriminatorio” y advierten de “intencionalidad sancionatoria” detrás de esta decisión
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones del Uruguay (URSEC) anunció en 2023 que realizaría una auditoría contable a las radios comunitarias, exigiendoles a esta presentar declaraciones juradas de ingresos, gastos anuales y planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros documentos. En la resolución advertía que el incumplimiento sería pasible de sanciones por lo cual, cuando el 29 de febrero venció el plazo para presentar estas declaraciones y sólo algunas emisoras comunitarias entregaron la información requerida, creció la preocupación en el sector.
A poco de cerrar el plazo, AMARC-Uruguay denunció públicamente que el gobierno tenía un “trato discriminatorio hacia las radios comunitarias”, ya que si bien están de acuerdo con que se realicen estos procedimientos a todos los titulares de los servicios de comunicación audiovisual como está dispuesto en la legislación vigente, no se están realizando controles a los medios comerciales.
“Cuando hay un trato tan discriminatorio hacia el sector más débil y, por otra parte, se permite mayor concentración de medios, se lesiona gravemente los derechos de libertad de expresión y comunicación de la sociedad y de las comunidades, los derechos a difundir y acceder a información”, esgrime el comunicado.
AMARC-Uruguay sostiene que, además de un trato desigual, la URSEC “lo notificó solo dos mes antes del vencimiento, sin una capacitación en la realización del mismo”, y el incumplimiento de este trámite de la URSEC puede implicar sanciones, “este accionar parece evidenciar una intencionalidad sancionatoria por incumplimiento, más que una intención real de controlar a los medios”.
Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, sostuvo que el camino que eligió la URSEC “no es el mejor y puede terminar en acallar voces”, puesto que a las radios comunitarias nunca se les exigió una auditoría desde su reconocimiento legal (las primeras concesiones son de 2008) y “es probable que, sin capacitación ni acompañamiento técnico y sus débiles capacidades administrativas, la gran mayoría no pueda cumplir, aunque no tengan nada para ocultar”.
Cabe destacar que en la rendición de cuentas discutida en 2023, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, sostuvo que no tenía los recursos necesarios para evaluar si las radios comerciales cumplían con los requisitos -dispuestos en la vigente Ley de Medios-, no obstante, se renovaron automáticamente sus licencias.
Al cierre de esta nota, URSEC informó que ha postergado por 30 días el plazo para la entrega de las declaraciones juradas, y que abrirá una charla virtual de 30 minutos para explicar el procedimiento.
ENLACES RELACIONADOS:
Auditoría de radios comunitarias
Resolución N° 99/023 – Auditoría a radios comunitarias