Por Raúl Rodríguez Ortiz para OBSERVACOM*.
Estas autorizaciones, que durarán un año y serán prorrogables por otro más, son parte de la ejecución del acta de entendimiento firmada en 2024 entre el Estado y las víctimas del llamado caso Melinka
En el Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Chile publicado en octubre de 2025, la Relatoría manifestó su preocupación por cuatro puntos en relación con el sector social comunitario: concentración mediática, pluralidad de voces dentro de la radiodifusión comunitaria, medidas de fomento para la sostenibilidad y el caso Radio Estrella del Mar de Melinka, región de Aysén, extremo sur de Chile.
Este es el caso No. 12.799 Miguel Ángel Millar Silva y otros (Radio Estrella del Mar de Melinka) vs. Chile, en el cual se estableció la responsabilidad del estado chileno por la violación al derecho a la libertad de expresión, tras la decisión del alcalde local de desconectar a la radio Estrella del Mar del suministro eléctrico, por discrepar con su línea editorial.
El inicio del caso se remonta a 1999 cuando la alcaldía cometió esta vulneración, mientras otros medios locales siguieron conectados a la red eléctrica.
Después de fallos negativos en la Justicia ordinaria del país sudamericano, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó en 2015 que se violaron derechos fundamentales de libertad de expresión y de igualdad ante la ley, que están protegidos por en los artículos 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el Acuerdo de Cumplimiento se recomendó proveer a la radio del suministro, reparar económicamente a las víctimas y aplicar medidas de no repetición.
Después de cumplir con los dos primeros puntos quedaba pendiente diseñar y aplicar dichas medidas que apunten a desarrollar un programa de fomento de la radiodifusión comunitaria en el sur de Chile, de modo de establecer mejores condiciones para el desarrollo del sector. A través de una mesa de trabajo entre el Estado, los representantes de las víctimas y los peticionarios del caso se busca la eliminación de la penalización de la radio sin frecuencia, entre otros avances en políticas públicas; la entrega de permisos experimentales para organizaciones sociales de tres regiones del sur de Chile, para que luego éstas puedan postular públicamente a una frecuencia concesionada; y un seminario internacional de cierre para el 2026, cuyo compromisos quedaron establecidos en el Acta de Entendimiento entre la partes firmado en marzo de 2024. Este viene a ratificar la voluntad del Estado chileno de cumplir el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones suscrito el 8 de mayo de 2015.
Al respecto, Mariángeles Misuraca, codirectora del Programa para Brasil y Cono Sur del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que es peticionario en este caso, expresó a OBSERVACOM que “la aprobación de los 9 permisos es el avance más significativo que ha tenido el caso y que surge de la implementación del acta de entendimiento de 2024 para la promoción de la radiodifusión comunitaria, específicamente en el sur de Chile. Este contribuye directamente a fortalecer la diversidad cultural, el pluralismo informativo y el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación”.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, autorizó los 9 permisos experimentales a organizaciones sociales el 6 de noviembre de 2025: 4 de la región de Los Ríos, 3 de la región de Los Lagos y 2 de Aysén.
Miguel Millar, uno de los representantes de las víctimas, pese a valorar los avances en la ejecución del Acuerdo con la entrega de 9 de los 12 permisos solicitados, dijo a OBSERVACOM que la evaluación de este proceso “es compleja, porque no hay factibilidad técnica en ciudades más grandes como Valdivia, Puerto Montt y Ancud. Además de que la naturaleza de este permiso no permite apoyar financieramente a estos proyectos. Sin embargo, este proceso será de utilidad para las otras regiones, de modo de evaluar el acceso y la permanencia en el dial de las organizaciones sociales”.
Mientras, Patricio Rivera, representante de AMARC Chile, valoró la entrega de los permisos y apostó para que “el nuevo gobierno, que comienza en marzo de 2026, asigne los recursos para la realización del seminario internacional de cierre, en el que participarán agentes clave del sector junto con las organizaciones que accedieron a la frecuencia experimental”.
Lo ocurrido con la Radio Estrella del Mar de Melinka sentó un precedente para el sector social comunitario, ya que fue el primer caso sobre radios comunitarias en ser resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableciendo estándares internacionales sobre la censura indirecta, la distribución de recursos públicos y la discriminación estatal contra este tipo medio.
Misuraca destacó finalmente que el objetivo de estas experiencias es que “permitan poner en marcha y fortalecer los proyectos de radio comunitaria, y que una vez finalizado este periodo experimental puedan postularse a frecuencias, consolidando así medios comunitarios sostenibles y pluralistas en el territorio”.
*Raúl Rodríguez Ortiz es Doctor en Periodismo con mención internacional, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y representante de AMARC Chile en la mesa de trabajo entre el Estado, víctimas y peticionarios del caso.
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