Por Carolina Martínez Elebi, investigadora asociada de OBSERVACOM.
Durante las elecciones peruanas de 2026, la desinformación se expandió en un contexto de polarización y fallas logísticas. Aunque hubo mayor diálogo con plataformas digitales que en 2021, sus respuestas se limitaron a aplicar normas internas, y con menor colaboración para prevenir o reducir la circulación de desinformación electoral ni para transparentar la publicidad política en línea. Un cambio profundo en sus políticas que comienza en enero de 2025 (post Trump) y se ha reflejado en otras elecciones regionales
Las elecciones generales de 2026 en Perú volvieron a mostrar cómo la desinformación electoral se ha convertido en un problema estructural para la integridad democrática. Tanto la primera vuelta celebrada el 12 de abril, como la segunda vuelta llevada adelante el 7 de junio, estuvieron marcadas por demoras en la instalación de mesas, falta de material electoral en algunos locales de votación y medidas excepcionales para garantizar el sufragio de quienes no pudieron votar durante la jornada prevista. Esas incidencias fueron rápidamente utilizadas para reforzar una narrativa ya conocida: la idea de que el proceso estaba siendo manipulado.
“Desde el Jurado Nacional de Elecciones teníamos muy claro que la desinformación en época electoral sube exponencialmente”, explicó Mayra Nieto, del equipo de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según señaló, el antecedente de 2021, con una fuerte narrativa de fraude y ataques personales contra autoridades electorales, fue el punto de partida para crear y luego fortalecer el equipo institucional de fact-checking.
Ana Bizberge, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), también se refirió a la narrativa del fraude y aseguró que “de las tres autoridades electorales, la ONPE fue la más cuestionada”. “El problema –explicó– no fue solamente la circulación de contenidos falsos aislados, sino la articulación de una narrativa política más amplia, basada en la desconfianza hacia el sistema electoral”.
Canales abiertos, compromisos limitados
A diferencia de otros países de la región donde las plataformas prácticamente no respondieron a autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil o fact-checkers –como, por ejemplo, en Bolivia-, en Perú sí hubo canales de interlocución. El PNUD inició contactos con Google, TikTok, Meta y X desde 2024 y luego impulsó espacios de diálogo entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las compañías tecnológicas en 2025. Entre esos espacios, se organizó un evento sobre empresas tecnológicas y procesos electorales, en el que participaron representantes de Meta, TikTok y X y representantes del JNE.
Carolina Fernández, del PNUD Perú, explicó que las empresas presentaron sus iniciativas vinculadas con integridad informativa, aunque en general centradas en portales de información electoral, guías o herramientas propias. TikTok, por ejemplo, trabajó una guía electoral junto con organismos electorales peruanos, transmitió debates presidenciales por streaming y ofreció capacitaciones sobre uso de la plataforma y denuncia de cuentas falsas. “Con TikTok hemos tenido diálogos más seguidos y más recurrentes”, señaló Fernández.
Meta también mantuvo conversaciones con el Jurado Nacional de Elecciones -como explicó Mayra Nieto-, pero con menos resultados concretos. Fernández explicó que, a pesar de que las conversaciones siguieron, no se concretó ninguna medida. En el caso de X hubo intercambios iniciales con el JNE, especialmente para explicar el funcionamiento de las notas de la comunidad, pero el contacto luego se volvió más inestable.
El patrón común fue que las plataformas aceptaron conversar, pero evitaron asumir compromisos específicos sobre desinformación electoral. Los pedidos del JNE y del PNUD incluyeron la posibilidad de reportar contenidos que desinformaran a la ciudadanía sobre el proceso electoral, solicitar la revisión y eventual retiro de publicaciones dañinas o cuentas falsas, mejorar la visibilidad de contenidos oficiales, habilitar avisos especiales durante la jornada electoral y socializar con mayor claridad las normas comunitarias y los pasos a seguir para realizar una denuncia dentro de las plataformas.
La comparación con 2021 permite precisar mejor el alcance de ese vínculo. En aquel proceso, Meta informó la eliminación de dos redes de comportamiento inauténtico coordinado en Perú. La primera incluía 80 cuentas de Facebook y seis de Instagram dirigidas a audiencias locales, vinculadas por la empresa con personas asociadas al partido Fuerza Popular y con empleados de Alfagraf, una agencia de publicidad peruana. La segunda incluía 80 cuentas de Facebook, 12 páginas, cinco grupos y tres cuentas de Instagram orientadas a la región de Áncash, y fue vinculada por Meta con una entidad de marketing local conocida como Marketing Político Elohim.
Sin embargo, esas acciones fueron resultado de investigaciones internas de la propia plataforma y no de acuerdos formales con organismos electorales o actores locales para enfrentar la desinformación. En 2026, el escenario fue distinto: hubo más diálogo y canales de contacto, y algunas respuestas rápidas ante reportes puntuales. Pero, en el marco de los cambios recientes en las políticas de moderación de las plataformas, esa interlocución no se tradujo en compromisos más robustos para prevenir, reducir o transparentar campañas de desinformación electoral. Según Fernández, las empresas mantuvieron como criterio actuar solo cuando los contenidos incumplieran sus normas comunitarias.
Esa respuesta deja un vacío: la ciudadanía no siempre conoce las normas de cada plataforma, no tiene claridad sobre cómo denunciar publicaciones que afectan sus derechos y, como señaló Fernández, “Perú no cuenta con una regulación nacional específica que establezca obligaciones más precisas para estas empresas durante procesos electorales”.
Remociones aisladas, no una política sobre desinformación
Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la evaluación fue similar, aunque con matices. Mayra Nieto señaló que, en comparación con 2021, hubo una mayor fluidez en las respuestas de las plataformas. El contacto facilitado por el PNUD permitió enviar correos, solicitar reuniones y activar algunos canales de reporte con algunas de ellas. Sin embargo, esa cooperación se concentró principalmente en acciones de revisión y eventual retiro de contenidos que podían encuadrarse dentro de las reglas internas de las empresas, como discriminación, incitación al odio, violencia, suplantación de identidad o uso ofensivo de inteligencia artificial. Según Nieto, el JNE envió pedidos por correo electrónico y, en algunos casos, las propias empresas indicaron que también debían completar los formularios de denuncia dentro de cada plataforma. Las respuestas fueron relativamente rápidas ante esos reportes puntuales, pero no derivaron en una coordinación constante ni en medidas específicas frente a la desinformación electoral como tal.
“Ha habido una fluidez en las respuestas, pero considero que ellos han dado prioridad a sus reglas de convivencia”, explicó Nieto. En los últimos meses, el JNE reportó nueve casos de contenidos discriminatorios, violentos o desinformativos que fueron mitigados o retirados por plataformas a partir de pedidos institucionales. Entre ellos hubo contenidos ofensivos generados con inteligencia artificial contra el presidente del JNE, cuentas falsas y casos de suplantación de identidad.
Sin embargo, cuando el problema era la desinformación electoral como tal, la respuesta fue más limitada. “En casos de desinformación, nosotros hemos generado nuestras verificaciones, pero las plataformas pusieron atención sobre todo a los casos de contenido discriminatorio, que van más alineados con sus políticas”, sostuvo la funcionaria.
Esa diferencia muestra uno de los principales límites de las políticas actuales de las compañías tecnológicas. Las plataformas pueden actuar ante casos que encajan en categorías tradicionales de daño, como puede ser el discurso de odio, contenido violento, acoso, o suplantación de identidad, pero no necesariamente frente a campañas que erosionan la confianza en la autoridad electoral o instalan sospechas de fraude sin evidencia. En esos casos, la carga de la respuesta recae principalmente sobre organismos electorales, fact-checkers, universidades, medios y sociedad civil.
Monitoreo, fact-checking y prebanking
Frente a ese escenario, el JNE desplegó distintas estrategias de monitoreo y respuesta. Una de ellas fue la incorporación de YouScan, una herramienta de escucha social que permite monitorear redes sociales en tiempo real y detectar alertas vinculadas con desinformación electoral. A partir de esa información, el equipo de Fact Checking del JNE elaboró respuestas, materiales de verificación y contenidos preventivos.
“Lo que hicimos fue empezar a generar contenido preventivo para concientizar a la ciudadanía de que la desinformación existe y crece exponencialmente en un año electoral”, explicó Nieto. El PNUD también impulsó una estrategia de monitoreo durante la jornada electoral a través de eMonitor+, una herramienta orientada a detectar contenidos tóxicos y discursos de odio en la conversación política digital. En Perú, esa experiencia se desarrolló en articulación con siete universidades, entre ellas la PUCP, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Lima, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad de Piura y la Universidad Jaime Bausate y Meza.
Anuncios políticos y transparencia desigual
La transparencia de los anuncios políticos fue otro de los puntos críticos. En Perú, Meta aparece como la plataforma con más información disponible a través de su biblioteca de anuncios. Para Fernández, Meta Ads Library representa un avance porque permite identificar anuncios, montos aproximados e información sobre quiénes financian anuncios. Sin embargo, esa herramienta también tiene límites. La información sobre montos suele presentarse en rangos y la identificación de terceros que pagan publicidad a favor de candidaturas depende en buena medida de la metodología de quienes investigan. Desde el PNUD se impulsó un trabajo con asociaciones de periodistas para monitorear la inversión publicitaria en Meta y luego contrastarla con los reportes presentados ante la ONPE.
El caso de Google fue más problemático. Según Fernández, el PNUD solicitó la apertura de un centro de transparencia específico para Perú que permitiera monitorear publicidad política en Google y YouTube, pero la empresa respondió que no estaba previsto habilitarlo para el país. “Nos dijeron que no iban a abrirlo porque no es un mercado tan grande y que ya tenían establecido en qué países lo hacían”, explicó.
X tampoco cuenta con un portal abierto de transparencia publicitaria para Perú, aunque, según Fernández, existe la posibilidad de solicitar informes posteriores. TikTok, por su parte, no admite anuncios políticos, pero eso no resuelve el problema de los contenidos políticos difundidos por creadores, influencers o cuentas con alto alcance. Para Fernández “es primordial que haya espacios de gobernanza donde participen plataformas digitales, pero también que asuman compromisos”. Bizberge coincide en que el diálogo debe fortalecerse, pero advierte que también hacen falta herramientas normativas.
La experiencia peruana muestra que el diálogo que varias de las plataformas aún mantienen con las autoridades electorales es necesario, pero insuficiente si no se concreta en acuerdos y compromisos concretos. Sin transparencia publicitaria y mecanismos de cooperación efectivos, la respuesta frente a la desinformación electoral sigue dependiendo de decisiones privadas y de la capacidad desigual de autoridades, universidades, periodistas y sociedad civil para contener sus efectos.
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