11 organizaciones de la sociedad civil y la academia de América Latina, hacen un llamado a los Estados de la región para que la utilización de tecnologías de vigilancia como respuesta al COVID-19 respete los derechos humanos.
Al respecto, Al Sur advierte que debe atenerse “a las más estrictas protecciones y que sólo esté disponible de acuerdo a la legislación nacional que sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos”.
Esta demanda sigue la misma línea de la reciente declaración conjunta de los Relatores de Libertad de Expresión, en la instaron a los gobiernos a promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia del COVID-19.
Tomando como referencia esta declaración, las organizaciones expresaron que “cualquier respuesta de emergencia al COVID-19 [por parte de los Estados] debe ser proporcionada al riesgo evaluado, necesaria y no discriminatoria”.
“Muchos países hoy recurren a las tecnologías digitales para reforzar sus medidas de información, seguimiento y control de las personas que padecen el virus, lo que nos alerta ante sus efectos en los derechos fundamentales de las personas… inquieta que el solucionismo tecnológico prevalezca para controlar esta pandemia y se desplieguen tecnologías como las de Inteligencia Artificial, sin medir sus impactos en derechos fundamentales”, señala el comunicado de las organizaciones.
Además plantean que “toda tecnología usada en el contexto de esta pandemia debe priorizar una fuerte protección de nuestros datos personales y sensibles, así como garantizar un uso acotado a la emergencia que enfrentamos, como habilitar procedimientos de rendición de cuentas.”
Las organizaciones que conforman Al Sur, son la Red en la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) de México, IPANDETEC de Panamá, Fundación Karisma de Colombia, Hiperderecho de Perú, Derechos Digitales (regional), Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (CELE) de Argentina, Coding Rights de Brasil, Internet Lab, de Brasil, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) de Brasil y TEDIC de Paraguay.
Países como Ecuador, Colombia, Chile y Paraguay están implementando diversas soluciones tecnológicas de rastreo y uso de datos sensibles.
Por ejemplo, en Ecuador el gobierno autorizó el rastreo satelital de los celulares para la georreferenciación de las personas en el contexto del cerco epidemiológico por COVID-19. Frente a esto, una veintena de organizaciones instaron a la autoridades a respetar los derechos humanos.
“Resulta indispensable que el gobierno ecuatoriano, que en tiempo reciente ha invertido ingentes esfuerzos en conducir a la digitalización del país, aproveche la oportunidad de utilizar las tecnologías de información y comunicación para responder a la emergencia propuesta por el COVID-19 de manera compatible con los estándares del Sistema Internacional e Interamericano de derechos humanos, que forman parte del orden constitucional del Ecuador”, señala el comunicado.
Asimismo se indica que “es imprescindible que el gobierno ecuatoriano entregue información suficiente sobre el alcance de la medida anunciada: el tiempo que estará vigente, el tipo de tratamiento, y sobre las condiciones de acceso, almacenamiento y seguridad de la información que se recopile. Del mismo modo, deben comunicarse con claridad los protocolos que se adoptarán para evitar que terceros — dentro y fuera de la administración pública — accedan a la información recopilada y la usen con fines ilegítimos”.
Las organizaciones firmantes del comunicado de Ecuador son Access Now, Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE), Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM), Barracón Digital; Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Datos Protegidos, Derechos Digitales, Digital Defenders Partnership (DDP); Ecuador Today; Fundación Acceso; Fundación Karisma; Hiperderecho, Indymedia, LaLibre.net, Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Mujeres de Frente Ecuador, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Taller de Comunicación Mujer (TCM), TEDIC, Surkuna, Sursiendo; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos, Humanos (UDEFEGUA) y Usuarios Digitales.
Además de Ecuador, en Colombia también se utilizan tecnologías digitales para el seguimiento de la pandemia. El Instituto Nacional de Salud promociona- sin obligación de uso- la aplicación CoronApp, que ha sido cuestionada por no garantizar la adecuada protección a los datos personales.
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