Diversas organizaciones sociales, entre ellas Artículo 19, destacan que la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, primero en la Cámara de Diputados y la semana pasada en la de Senadores, falta a la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Según esta organización, esta aprobación no respeta el artículo 1º de la Constitución que vela por el derecho de expresión y a la privacidad, y atenta contra los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación. Además, sostiene que el proceso legislativo no aportó a una discusión franca, transparente, donde se pusiera por encima el interés general, y considera que la nueva legislación es un ataque directo a la Constitución y a los estándares internacionales en la materia.
La nueva norma también plantea limitaciones ilegítimas a los medios públicos y sociales condenando a los medios comunitarios e indígenas a obtener sus concesiones en las peores partes de la banda de FM y la ubicación en AM.
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