“Asumiendo la perspectiva de los actores políticos, el problema reside en la medida en que estas iniciativas entraron en tensión con los imperativos de la gobernabilidad. Más allá de sus compromisos y sus preferencias programáticas, la preocupación por la supervivencia y la reproducción política, inexorablemente ocupan un lugar central entre quienes asumen roles gubernamentales.
Philip Kitzberger */ Regional, mayo 2015
Desde inicios del presente siglo, el rol de los medios de comunicación se ha vuelto objeto de movilización política sin precedente en América Latina. Esta politización ha desnaturalizado el orden mediático existente, inaugurando un debate inédito sobre sus déficits democráticos.
En buena parte de la región, el giro político posneoliberal creó un clima propicio que (re)motivó a los actores sociales comprometidos con demandas de democratización mediática a movilizarse.
Una serie de experiencias gubernamentales de signo progresista se mostraron permeables a estas demandas. Algunas, como las encabezadas por el PT en Brasil y el Frente Amplio en Uruguay, respondieron a su compromiso histórico con la democratización de los medios. Otras, encabezadas por liderazgos nuevos surgidos de escenarios de crisis, ensayaron aperturas hacia estas agendas en virtud de su confrontación con sectores establecidos, fuertemente representados en los medios tradicionales.
Pero incluso en casos como el mexicano, con gobiernos ajenos a estas demandas de democratización, la movilización social de un malestar con uno de los sistemas de medios más concentrados de la región, forzó la introducción del tema en la agenda política.
Más allá de este escenario inédito, la medida (y el modo) en que estas agendas consiguieron plasmarse en reformas legales orientadas a la democratización del sector, variaron ampliamente en función de relaciones de fuerza en diversas arenas sociales, políticas e institucionales.
Asumiendo la perspectiva de los actores políticos, el problema reside en la medida en que estas iniciativas entraron en tensión con los imperativos de la gobernabilidad. Más allá de sus compromisos y sus preferencias programáticas, la preocupación por la supervivencia y la reproducción política, inexorablemente ocupan un lugar central entre quienes asumen roles gubernamentales. Desde semejante perspectiva, los actores que controlan recursos potencialmente amenazantes para la propia estabilidad política pasan a ser objeto de consideración estratégica. Las instituciones mediáticas controlan ideas, información, agendas, reputaciones, visibilidad y legitimidad pública. En América Latina, estos recursos se encuentran fuertemente concentrados en grandes conglomerados y su control está enmarcado en una cultura instrumentalista que pone dichos recursos en función de intereses corporativos o agendas políticas particularistas. Esta configuración constituye escenarios donde ciertos actores mediáticos son percibidos como estratégicos para la gobernabilidad.
Pese a la erosión del dominio de las audiencias, condicionada por los cambios en las tecnologías de la comunicación, la persistente reputación de ciertos actores mediáticos tradicionales los erige en efectivos poderes fácticos que afectan el proceso político.
Dicho poder reputacional les permite construir poder efectivo. Inhibe que ciertas cuestiones sean colocadas en la agenda política. Facilita la conquista de espacios de poder institucional[1], la colonización de agencias estatales y la negociación, a nivel de cúpulas, de protecciones y reservas de mercado para sus intereses en entornos crecientemente competitivos.
Si bien este fenómeno es generalizado en la región, en los diversos contextos nacionales se presentan dinámicas variables que condicionan diferentes opciones estratégicas. En Argentina, por caso, el primer gobierno kirchnerista nació de una enorme crisis política, con escasa legitimidad electoral e institucionalmente débil. En este contexto genético, el entendimiento pragmático con el Grupo Clarín, percibido como indispensable para la interlocución con amplios sectores sociales, apareció como única opción estratégica que garantizaba gobernabilidad. Desde el conflicto agrario de 2008, la cobertura hostil al gobierno de los medios del grupo, posicionaron a Clarín –en la mirada del ejecutivo– como irremediablemente comprometido con su derrota política. Ante esta perspectiva –y vista la adhesión concitada por el propósito de la desconcentración del mercado de medios en sectores de la sociedad civil– el gobierno optó por virar hacia una estrategia de confrontación radical que abrió el escenario de la reforma legal.
El ejemplo de Brasil ofrece un contraste interesante con la experiencia argentina. Sería difícil afirmar que el conglomerado encabezado por la Rede Globo ha gozado de una menor reputación como actor estratégico capaz de condicionar la gobernabilidad. De hecho, pese a la rivalidad histórica, el PT llegó al gobierno en 2003 ensayando un entendimiento pragmático análogo al arriba mencionado. La cobertura hostil que sobrevino con el estallido de la crisis del Mensalão no reorientó, sin embargo, la estrategia del gobierno hacia una confrontación radical comparable a la del caso argentino. ¿Qué razones dan cuenta de esta diferencia?
Un factor de peso reside en la secuencia de hechos que afectaron las percepciones subjetivas relativas al poder mediático. El kirchnerismo perdió en 2009 la elección legislativa subsiguiente al inicio de la hostilidad por parte del Grupo Clarín. Pese a la masiva pérdida de votos entre sectores medios urbanos, Lula consiguió reelegirse en 2006 al ganar el apoyo de sectores populares en el nordeste del país. En consecuencia, ambos gobiernos extrajeron lecciones diferentes acerca de la capacidad mediática de afectar la supervivencia política. Estas apreciaciones moldearon las respectivas opciones estratégicas en consonancia con otros condicionantes políticos.
En 2009, aún en los albores de una derrota electoral, el gobierno kirchnerista logró construir unas mayorías en ambas cámaras del poder legislativo para aprobar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En Brasil, importantes obstáculos dificultan una potencial construcción de las mayorías necesarias para sancionar una reforma regulatoria del sector mediático.
La fragmentación del sistema de partidos ha hecho del PT el partido progresista en el gobierno en la región con el menor número de representantes legislativos. Por sí mismo el PT no ha superado el 18% de los legisladores en ninguna de las dos cámaras desde que se encuentra en el gobierno. Sumando a aliados de izquierda (con quienes compartiría compromiso reformista) no ha superado la cuota del 30%. El PT ha gobernado, de hecho, en una coalición amplia de entre 8 y 12 partidos entre los cuales se encuentran algunos fuertemente pragmáticos y otros directamente conservadores.
En Brasil, los legisladores son elegidos por un sistema electoral proporcional de lista abierta que, al personalizar la competencia electoral, los hace particularmente vulnerables a la visibilidad en los medios. Esto contrasta con la Argentina donde las listas cerradas dan mayor peso y autonomía a las organizaciones político-partidarias.
A esta mayor influencia mediática en las carreras políticas, se suma la presencia de un complejo entramado de intereses entre élites políticas y mediáticas en Brasil. Desde la redemocratización, la concesión de licencias radiotelevisivas a políticos locales ha funcionado como importante recurso para la obtención de apoyo por diversos gobiernos. De este modo, un alto porcentaje de legisladores ha desarrollado intereses mediáticos locales, muchos de los cuales se han asociado, en condición de afiliados, a las grandes cadenas nacionales, en especial, a la Rede Globo. Esta compleja trama ha sido caracterizada como “coronelismo electrónico” y se expresa a nivel del poder legislativo como una virtual “bancada de los medios” con fuerte presencia en ambas cámaras y en las comisiones legislativas específicas. Si bien en la Argentina, existen vínculos entre políticos y medios locales, estos no se han extendido y conectado en tramas comparables.
Esta breve comparación pone de relieve, sin agotarla, la importancia de los contextos. La suerte de las demandas de democratización mediática depende de su capacidad de articular –sin extraviarse– con las preocupaciones por la gobernabilidad de los aliados en la arena política.
* Universidad Torcuato Di Tella. Conicet
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[1] La formación de la llamada “telebancada” en el congreso mexicano es un ejemplo elocuente