Por Carolina Martínez Elebi, investigadora asociada de OBSERVACOM.
Durante el proceso electoral de 2026, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y autoridades electorales intentaron establecer canales de diálogo con las grandes plataformas digitales para abordar problemas vinculados con la circulación de información engañosa y la transparencia de la publicidad política. Sin embargo, las respuestas fueron escasas o directamente inexistentes, lo que volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrentan actores locales para interactuar con empresas que hoy ocupan un lugar central en el debate público.
Durante la campaña electoral, distintos actores intentaron interactuar con plataformas como Meta, X, Google o TikTok para abordar cuestiones vinculadas con la circulación de información engañosa, el acceso a datos para investigación y la transparencia de la publicidad política en línea. Sin embargo, según especialistas y organizaciones que monitorearon el proceso, las respuestas fueron limitadas y desiguales. Mientras algunas plataformas mantuvieron intercambios puntuales con autoridades electorales, otras no respondieron a las convocatorias realizadas desde la sociedad civil ni establecieron mecanismos de cooperación durante el proceso electoral.
Contactos limitados
Según las personas entrevistadas por OBSERVACOM, Meta fue la única plataforma que mantuvo algún tipo de intercambio con autoridades electorales, particularmente con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Gustavo Román, director general de estrategia y gestión política del TSE, explicó que la institución logró establecer un canal de contacto con la empresa para intercambiar información sobre el funcionamiento del proceso electoral y el contexto informativo en redes sociales.
Este tipo de diálogo, sin embargo, no se replicó de forma sistemática con otras plataformas digitales. Según investigadores y organizaciones que siguieron la campaña, empresas como X, Google o TikTok no mantuvieron canales visibles de cooperación con actores locales, al menos en lo que respecta al monitoreo del entorno informativo digital durante el proceso electoral.
“Uno de los problemas que tenemos es que las plataformas tienen un papel muy importante en la circulación de información durante las campañas electorales, pero al mismo tiempo es muy difícil establecer canales de diálogo con ellas. Desde las organizaciones que trabajamos estos temas muchas veces no tenemos un interlocutor claro dentro de las plataformas”, afirmó Giselle Boza, directora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica.
Sobre esto, se refirió a que “hay un cambio en la actitud y en el comportamiento de estas plataformas para acercarse a los distintos sectores”. A diferencia de procesos electorales anteriores, en los que asegura que había un acercamiento un poco mayor, ahora observa un “enfriamiento de esa voluntad”.
Román explicó que “el TSE en algunos casos emitió resoluciones, principalmente hacia Meta, para dar de baja contenidos en determinadas circunstancias” y se obtuvo respuesta en la mayoría de los casos. Sobre esto, destacó que el Tribunal sólo emite estas resoluciones en aquellos casos en que se evidencia un incumplimiento de la veda electoral en las plataformas digitales.
Fact-checkers sin acceso a las plataformas
Las dificultades para establecer contacto con las plataformas también fueron señaladas por organizaciones dedicadas al fact-checking. Darío Chinchilla, director del proyecto Doble Check, afirmó que “en Costa Rica, las organizaciones de fact-checking nunca hemos logrado tener un canal directo con las plataformas”, lo que ha limitado las posibilidades de reportar contenidos engañosos o acceder a herramientas que faciliten su identificación.
La situación contrasta con la experiencia de otros países de la región, donde algunas organizaciones de fact-checking tienen programas de colaboración con las plataformas que les permiten acceder a los paneles de control de los contenidos para realizar el chequeo de datos y verificación de la información.
En esa misma línea, Giselle Boza también señaló las dificultades para establecer canales de diálogo con las plataformas durante el proceso electoral. Según explicó, cuando se convocó a las empresas tecnológicas a participar en iniciativas impulsadas desde la sociedad civil para promover prácticas informativas responsables durante la campaña, las plataformas no respondieron a la convocatoria. Entre ellas, plataformas con fuerte presencia en el debate digital durante la campaña, como TikTok, donde circuló parte importante de los contenidos políticos dirigidos a públicos jóvenes.
Transparencia limitada sobre publicidad electoral
Otro de los aspectos señalados por los entrevistados fue la escasa disponibilidad de herramientas para analizar la publicidad política en línea durante el proceso electoral. Actualmente, Meta es la única plataforma que ofrece mecanismos relativamente accesibles para rastrear anuncios políticos en Costa Rica, a través de su biblioteca de anuncios.
Sin embargo, otras plataformas relevantes en el ecosistema informativo digital —como son los casos de Google o X— no ofrecen herramientas de transparencia activa que permitan analizar de manera sistemática el gasto publicitario o la circulación de contenidos patrocinados vinculados a campañas electorales.
Esta falta de transparencia dificulta el trabajo de periodistas, investigadores y autoridades electorales que buscan comprender cómo se financia y circula la publicidad política en entornos digitales.
Un acuerdo impulsado desde la sociedad civil
En paralelo al desarrollo de la campaña electoral, distintas organizaciones académicas y de la sociedad civil promovieron el Acuerdo Nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco de las elecciones nacionales de 2026.
La iniciativa buscó generar compromisos públicos entre partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanía para promover prácticas informativas responsables durante el proceso electoral.
El documento incluyó, entre otras acciones a las que se comprometieron los firmantes, verificar la información antes de difundirla, evitar la circulación de contenidos manipulados —incluidos aquellos generados mediante inteligencia artificial— y corregir públicamente errores informativos que puedan afectar el debate democrático.
Sin embargo, según explicó Mariana Álvarez, investigadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica, “las plataformas no participaron del acuerdo y ni siquiera respondieron a la convocatoria abierta que se hizo”. Álvarez señaló que la iniciativa fue impulsada principalmente desde la sociedad civil y la academia y que, aunque distintos actores se sumaron a la propuesta, la ausencia de las plataformas digitales dejó fuera a uno de los actores centrales del ecosistema informativo digital.
Un desafío para la gobernanza del debate digital
Para quienes analizaron el proceso electoral, la experiencia de Costa Rica refleja un problema cada vez más presente en distintos países de la región: la falta de mecanismos claros de cooperación entre plataformas digitales y actores locales (estatales o sociales) que buscan proteger la integridad del debate democrático.
Las redes sociales se han convertido en espacios centrales para la circulación de información política, pero las reglas que determinan cómo se moderan los contenidos, qué datos se hacen públicos o qué herramientas se ofrecen para monitorear la publicidad política siguen siendo definidas casi exclusivamente por las propias empresas tecnológicas, sin transparencia ni rendición de cuentas.
En ese contexto, la experiencia costarricense vuelve a mostrar las dificultades que enfrentan autoridades electorales, organizaciones de fact-checking, investigadores y medios de comunicación para interactuar con big techs globales que tienen un papel central en el debate público, y que han retrocedido en el último año respecto a sus compromisos para enfrentar la desinformación electoral.
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