Facebook removió varias publicaciones de tres medios ecuatorianos tras denuncias por supuestas violaciones de derechos de autor, limitando la difusión de investigaciones periodísticas sobre irregularidades en contrataciones públicas.
Los contenidos eliminados abordaban presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas del Municipio del Cantón Morona, un tema de interés público que ahora enfrenta restricciones de difusión a partir de las medidas tomadas por Facebook de manera poco transparente y sin garantizar el debido proceso.
Alexis Jumbo, director de Radio Reloj, explicó que tras emitir un reportaje, en su noticiero estelar, sobre irregularidades en la licitación del sistema de alcantarillado de Macas, recibieron notificaciones de Facebook por supuestas infracciones de derechos en varios videos relacionados. El proceso de contratación “fue cuestionado por los valores en los que se ofertó, apuntando a un posible acto de corrupción”. Las alertas de Facebook les notificaron que habían perdido sus derechos del video específico de la entrevista de ese día. Luego se percataron de que, bajo el mismo proceso, también les habían dado de baja a otros cuatro videos relacionados con temas que involucran al Municipio de Morona.
“La publicación fue denunciada por una página de mayor alcance que tiene contenido totalmente diferente al nuestro” comentó Jumbo, quien además señaló que, en conjunto con los directivos de la radio, decidieron no hacer caso a esta alerta, “pese a que ya era un claro atentado contra la libertad de expresión”, agregó.
“Decidimos investigar y nos enteramos que a otros medios también les pasó lo mismo, entre ellos La Voz de Upano y Humarta, a quienes les dieron de baja por completo su página”, explicó Jumbo. En el caso del medio de comunicación Humarta, las publicaciones sobre la Alcaldía de Morona también fueron eliminadas tras denuncias de supuesto contenido relacionado con explotación sexual infantil.
Esta censura de Facebook es un nuevo caso que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los medios locales al depender de plataformas digitales que carecen de mecanismos transparentes para evaluar denuncias y actúan como “justicias paralelas”. Estas intervenciones privadas no solo comprometen la libertad de expresión, sino también el derecho de la ciudadanía a acceder a información relevante sobre la gestión pública.
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