La existencia de medios comunitarios, especialmente en el ámbito de la radio, son de larga data en América Latina y su aporte ha muy significativo, tanto para la democracia como formas de expresión de vastos sectores de la población de menores recursos. Sin embargo, esa realidad no siempre ha sido acompañada por un reconocimiento legal por parte de los Estados como un sector con las mismas oportunidades que el de los medios públicos o comerciales.
La cuestión del necesario reconocimiento y la regulación de los medios comunitarios han tenido un importante reflejo en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En particular, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha prestado cada vez más atención a la situación de los medios comunitarios dando cuenta en sus informes anuales respecto a las denuncias recibidas al respecto, así como dando cuenta de los progresos y los desafíos que este sector enfrenta, formulando numerosas recomendaciones a los Estados de la OEA para adecuar sus marcos normativos a los principios del marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión.