El gobierno mexicano sostiene que la nueva normativa fortalecerá al sector al ampliar el acceso al espectro, permitir ingresos por publicidad y simplificar trámites legales. Sin embargo, organizaciones de medios comunitarios advierten retrocesos en la autonomía que tenía el regulador anterior y cuestionan el nuevo esquema de acceso a la publicidad oficial
Según el gobierno mexicano, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión —recientemente aprobada en el Congreso— representa un avance significativo para los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos. Entre los puntos destacados, se señala que la normativa permite por primera vez la comercialización de espacios publicitarios en estos medios, garantiza el acceso al espectro “en todo el rango disponible” y establece que entre el 1 % y el 10 % del presupuesto de publicidad oficial de los entes públicos deberá destinarse a medios de uso social.
Desde el gobierno se destaca como avance la posibilidad de que las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas puedan tener espacios publicitarios o patrocinios locales comerciales (hasta un 3 % de su programación total). Medida que busca contribuir a la generación de ingresos de estos medios -y por ende a su sostenibilidad sin modificar su carácter no lucrativo-, puesto que hasta ahora las concesiones de uso social estaban legalmente impedidas de comercializar contenido.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente la iniciativa, asegurando que al sector se le “va a permitir que una parte de su programación puedan tener comercialización de actividades locales”. También señaló que la nueva norma elimina obstáculos administrativos para que las emisoras indígenas se constituyan jurídicamente a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sin necesidad de certificación notarial.
El senador Javier Corral, quien coordinó los conversatorios legislativos en el Senado sobre la nueva normativa, sostuvo que esta reforma representa el mayor esfuerzo legislativo en favor de los medios sin fines de lucro en la historia reciente. Destacó que uno de sus principales avances es la facilitación del acceso al espectro en todo el conjunto de bandas disponibles para los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.
Por otro lado, la nueva ley establece que los entes públicos federales deberán destinar anualmente entre el 1 % y el 10 % de su presupuesto autorizado para publicidad oficial y comunicación social a medios de uso social. Esta asignación deberá realizarse “de forma prioritaria” a concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas, según la norma.
Cuestionamientos
Estas valoraciones contrastan con los cuestionamientos de las organizaciones del sector de medios comunitarios e indígenas. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México), por ejemplo, manifestó su “profunda preocupación” ante lo que considera una falta de garantías efectivas para el sostenimiento de las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas.
Uno de los principales focos de crítica es el nuevo esquema de asignación de publicidad oficial. Si bien la ley establece que entre el 1 % y el 10 % del presupuesto federal en comunicación social deberá destinarse a medios de uso social, AMARC advierte que se mantiene el 1 % como base mínima, sin mecanismos de asignación obligatoria ni exclusiva para las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas. Según la organización, esto deja abierta la puerta a que el grueso del presupuesto continúe favoreciendo a medios comerciales.
Otro cambio relevante señalado por la organización es la modificación del lenguaje normativo que regía la obligación de las entidades federativas y municipios: en lugar de “deberán destinar” presupuesto a estos medios, el texto ahora establece que “podrán autorizarlo”, dejando nuevamente a criterio político su cumplimiento.
Desde la organización también alertaron sobre la ausencia de mecanismos claros que prioricen al sector comunitario en el otorgamiento de concesiones.
Asimismo, una de las preocupaciones señaladas por organizaciones del sector es la delegación de facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado que operará en el marco de la gubernamental Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Si bien la CRT cuenta con autonomía técnica y operativa, no posee autonomía constitucional ni independencia plena de gestión, ya que forma parte de una estructura dependiente del Poder Ejecutivo, aseguran. Esta configuración ha sido cuestionada por su posible impacto en la imparcialidad y estabilidad institucional en la toma de decisiones regulatorias.
Erick Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., señaló que la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no fue una iniciativa unilateral del gobierno, como se ha intentado presentar en algunos sectores, sino el resultado de una larga demanda ciudadana por un órgano regulador verdaderamente independiente.
Por su parte, Alejandro Cabral, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México), recordó que la existencia del IFT fue, precisamente, una de las principales demandas del sector comunitario. “Queríamos un organismo autónomo, independiente del poder estatal, especialmente para el otorgamiento y sanción de concesiones. Eso nos dio esperanza. En algún momento funcionó”, afirmó. No obstante, señaló que la expectativa de contar con un consejo ciudadano dentro del IFT nunca se concretó.
La nueva ley fue aprobada por ambas cámaras y se encuentra ahora a la espera de su promulgación.
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