El desafío de los reguladores audiovisuales “analógicos” ante las grandes plataformas

Principales aliados de UNESCO en el proceso de elaboración e implementación de las Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales, los reguladores audiovisuales latinoamericanos que aplican legislaciones que alcanzan a la radio y la televisión, se encuentran ante el obstáculo de competencias y recursos limitados para hacer frente a las grandes corporaciones de Internet.

Con dificultades y vacíos para regular incluso a los servicios digitales audiovisuales u OTT audiovisuales como Netflix o Disney, el salto para abordar la protección de derechos de sus ciudadanos -en particular los niños, niñas y adolescentes- en YouTube o TikTok es muy grande.

Sin dejar de avanzar en colocar el tema en la agenda pública y avanzar en propuestas normativas estandarizadas para la región, han avanzado en lo que se llama “prácticas regulatorias no estatutarias”. Mediante éstas, van extendiendo  sus acciones -por interpretación o analogía- hace estos servicios y empresas en el marco de sus competencias actuales. Insuficiente sin dudas, se constituye en un camino para avanzar progresiva y activamente en la protección de derechos en el entorno digital, en lugar de quedarse quietos.

El sentido común regulatorio dice que el regulador chileno solo debe fiscalizar televisión abierta y televisión de cable, afirma Mauricio Muñoz, el presidente del chileno Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV). Pero “interpretamos que el concepto de ‘servicio limitado de televisión’ no se restringe a la televisión de cable, sino que perfectamente incluye aquellas señales que se transmiten por todas las plataformas, incluyendo internet” aseguró durante un panel realizado durante la Conferencia Internacional sobre la Gobernanza de la Plataformas Digitales realizado el 12 y 13 de febrero en Pretoria, Sudáfrica. 

O sea, un servicio audiovisual Over the Top (OTT) es un tipo de televisión que se transmite a través de internet y, por tanto, CNTV tiene competencias. Porque no es tan importante el soporte tecnológico en el que se vehiculiza ese contenido audiovisual como los derechos que el Estado está obligado a proteger en su país, incluso por tratados internacionales firmados por Chile.

Los reguladores latinoamericanos “tenemos que tener un poco de espíritu de frontera y no esperar a una ley ideal o un regulador ideal “cuando existen bienes públicos mucho más importantes que proteger, en este caso las infancias”, asegura Mauricio Muñoz.

Parece buena idea. Veamos cómo se implementa entonces.

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