El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México asignó al grupo evangélico La Visión de Dios una concesión única por un período de 30 años que la habilita a prestar servicios de radio y TV paga, a pesar de que la legislación lo prohíbe.
Si bien la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público impide a las asociaciones religiosas poseer o administrar concesiones para explotar servicios de radio, TV o de telecomunicaciones, la entrega de la concesión se hizo amparándose en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que permite que agrupaciones sociales presten servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La decisión del IFT ocurre en el marco del pedido del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Secretaría de la Gobernación (SEGOB) para que analice la posibilidad de que grupos religiosos tengan medios de comunicación masiva.
Distintas organizaciones sociales y referentes individuales, a partir de la iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), repudiaron el accionar del IFT.
“Es inaceptable que el órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país pase por alto la legislación y viole lo establecido en los artículos 16 y 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al otorgar dos títulos de concesión a la organización religiosa cristiana La Visión de Dios A.C. Con esta decisión además se violenta el Pacto Social que desde el siglo XIX nos hemos dado los mexicanos como Estado laico legitimado por la soberanía popular y las instituciones democráticas, alejado de dogmas religiosos o fundamentalistas”, sostiene el comunicado.
Allí también se plantea que “la radio y la televisión son medios que deben cumplir un servicio público de interés general y no de adoctrinamiento político o religioso… Los medios de comunicación deben ser una expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.
Por último, exigen al IFT que “aclare su desconcertante actuar que da indicios de renuncia a su autonomía, violentando el marco legal vigente y de preocupante alineación a intereses ajenos y contrarios al interés público. También exigimos bajo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que a la brevedad haga del conocimiento público los expedientes completos que conforman ambas concesiones”.
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