“Chile debería reforzar sus políticas para promover la competencia en todos los mercados relevantes de la comunicación e impedir que los grupos existentes sigan expandiéndose verticalmente y acaparando medios de comunicación”, es una de las recomendaciones de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) del Informe Especial 2016 sobre la situación de libertad de expresión en Chile que se presentó hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Santiago.
La Relatoría Especial realizó una visita oficial a Chile entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2016, luego de la cual había presentado sus observaciones preliminares y, más recientemente, algunas conclusiones en el capítulo II del Informe Anual 2016 de la CIDH. Allí reconocía avances en materia de libertad de expresión pero alertaba sobre los altos niveles de concentración de medios en el país y la discriminación a los medios comunitarios.
En el Informe Especial presentado hoy, la Relatoría recuerda que durante su visita mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil que denunciaron la excesiva concentración de la propiedad de los medios, consolidación de la propiedad cruzada y dominio de capital extranjero en la radio. “Según las denuncias recibidas, la concentración en el sector de la radio y la prensa escrita nacional y local sería particularmente elevada, y tendría sus orígenes en la época de la dictadura militar con la clausura de una decena de publicaciones de prensa y la toma de 40 estaciones de radio”, señala el informe.
En relación a la propiedad cruzada y el capital extranjero en el sector, el documento explica que “la adquisición por parte el grupo español Prisa de la cadena de radio Iberoamericana Radio Chile –con más de la mitad de las emisoras del país– fue denunciada como un ejemplo de este problema. La integración vertical (impresión y distribución) de dos grupos propietarios cada uno de varios periódicos nacionales, regionales y locales, para muchos, ha obstaculizado el acceso de nuevos actores al mercado de la prensa escrita. Por otra parte, ambos grupos son promotores de similares ideas a nivel editorial. También se informó acerca de una supuesta falta de transparencia sobre la propiedad y control de los medios de comunicación en general”.
A partir de este diagnóstico y atendiendo a los elevados niveles de concentración en los mercados de comunicación, el documento de la Relatoría Especial sugiere algunas medidas compatibles con la protección del derecho a la libertad de expresión como el establecimiento de límites razonables para la acaparación de frecuencias, a la propiedad cruzada en una misma localidad, así como reglas para promover el transporte de señales abiertas, públicas y comunitarias.
En particular, el Informe recomienda “aprobar normas complementarias a las que se tienen por objeto la defensa de la competencia, en especial, aquellas normas que establecen procedimientos claros y transparentes para la asignación y renovación equitativa de frecuencias para los medios públicos, comerciales y comunitarios; establecer límites razonables a la acaparación de medios audiovisuales que requieren licencia o asignación de espectro y una progresiva adecuación de aquellos que superen los límites que se establezcan; y reglas de transporte para asegurar la transmisión en la televisión para abonados de los medios públicos, comerciales y comunitarios”.
Por último, recomienda al Estado la “realización de estudios sobre pluralismo en el sistema de medios; capacitar y promover política a nivel de la Fiscalía de la competencia en relación con la prevención de las prácticas oligopólicas en los mercados de la comunicación y aplicar al control de las adquisiciones y fusiones de medios de comunicación criterios que además de los aspectos económicos contemplen la promoción de la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios de comunicación”.
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