Proyecto de ley elaborado por una Comisión Consultiva independiente ingresaría en un mes al Congreso. La iniciativa despenaliza delitos de difamación e injurias en casos de interés público, prohíbe la censura previa y reconoce derechos de las audiencias en servicios audiovisuales. A su vez, establece el acceso a Internet como un derecho y obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de plataformas digitales
La Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (CCLEXRD) viene realizando una serie de ponencias y consultas para terminar de consensuar un texto final del anteproyecto de la “Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación”, buscando derogar la actual Ley No. 6132 de Expresión y difusión del Pensamiento de 1962 y otras normativas como la Ley Nº 1951 que refiere a los espectáculos públicos.
La CCLEXRD está integrada por periodistas, directores de medios y juristas especializados en derechos fundamentales. Entre ellos se encuentra Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; Miguel Franjul, director general del Listín Diario; Persio Maldonado, director general de El Nuevo Diario y Hermógenes Acosta, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Esta comisión fue conformada en 2022 por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y busca consolidar un texto final en un mes para entregárselo al Poder Ejecutivo y que este lo someta al Congreso Nacional. La última versión del texto consensuado posee 85 artículos distribuidos en once capítulos, los cuales buscan actualizar las garantías para la libertad de expresión y prensa en el país, sobre la base de estándares y normativa internacional.
En el primer capítulo se incorpora un nuevo artículo sobre el derecho de libertad de expresión, aseverando que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, en cualquier forma, por cualquier medio y cualquiera que sea el soporte”. A su vez, el artículo 2 establece que el ejercicio de este derecho “no estará sujeto a censura previa”.
La iniciativa también despenaliza los delitos de difamación e injurias en casos de interés público o que involucren funcionarios, algo presente en la normativa vigente.
También se plantea el remplazo de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, por el Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual (INACOM), un organismo descentralizado que buscará tutelar el ejercicio de la libertad de expresión y el cual será designado por el Congreso Nacional.
Con respecto a esta nueva entidad, Namphi Rodríguez, director ejecutivo de la CCLEXRD, aseguró que “esa potestad no debe reposar en la discreción de un funcionario designado por dedo del Poder Ejecutivo, sino que debe ser objeto del consenso de la clase política”.
La iniciativa también incorpora normativa sobre derechos de las audiencias en los servicios de comunicación audiovisual, incluyendo bases para la protección de los derechos de la niñez y la infancia.
Otro de los artículos del proyecto asevera que es necesario “velar por la transparencia en la propiedad de las empresas informativas”, con el fin de evitar la concentración mediática y asegurar el pluralismo y la diversidad de medios. También se comprende la objeción de conciencia, por el cual todas las personas que ejerzan el periodismo puedan “proteger y garantizar la independencia de criterio en el desempeño de sus funciones”.
Acceso a Internet y transparencia de las grandes plataformas de contenido
Por otro lado, el anteproyecto reconoce el derecho al acceso al Internet, estableciendo que el Estado buscará “garantizar un acceso universal, ubicuo y equitativo, económicamente accesible y de calidad” de este servicio.
Otra de las novedades del anteproyecto es la inclusión de un capítulo con normativa referida a las grandes plataformas de contenido en Internet, no referida a exigencias sobre regulación de ciertos contenidos sino a lo que se conoce como “regulación de procesos”. En este sentido, propone que los términos de servicio y las normas privadas que rigen la moderación de contenido de estas plataformas, deberán ser compatibles con “estándares interamericanos sobre libertad de expresión, derechos humanos y de empresas”, además de ser transparente al público sobre su funcionamiento.
A su vez, se establece que los usuarios de las grandes plataformas de contenido tienen el derecho al debido proceso y a ser notificados ante cualquier medida adoptada que pueda afectar su libertad de expresión. El proyecto incluye además protecciones a las propias plataformas, al incluir una disposición que las exime de responsabilidad legal sobre contenidos de terceros.
Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, manifestó que la ley busca garantizar y proteger derechos fundamentales y se ha logrado conciliar con diferentes actores “sin contradicciones”. A su vez, agregó que incorpora ciertos servicios en Internet, ya que es un “derecho esencial para la condición humana desde el punto de vista de la educación y de la libertad de expresión”.
Miguel Franjul, director general de Listín Diario, expresó que está seguro que “después de tantos años de lucha y de tantos años de esfuerzos infructuosos por establecer una ley garantista” se “afianzará el clima de pluralidad que se han acostumbrado los dominicanos”.
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