La Comisión Europea sostiene que ambas plataformas dificultan el acceso a datos públicos y carecen de mecanismos efectivos para denunciar contenidos ilegales y apelar sus decisiones de moderación. El caso podría derivar en multas de hasta el 6% de su facturación global.
Para la Unión Europea, estas limitaciones obstaculizan la comprensión de fenómenos como la propagación de desinformación, la exposición de menores a contenidos dañinos o el impacto del diseño algorítmico en la salud mental.
La Unión Europea busca reforzar la rendición de cuentas de las grandes plataformas digitales mediante un marco normativo que combina transparencia algorítmica, evaluación de riesgos sistémicos y acceso público a la información. En cuanto a esto último, a partir del 29 de octubre se abrieron nuevas posibilidades para los investigadores con la entrada en vigor del acto delegado sobre acceso a los datos. Este acto permitirá el acceso a datos no públicos procedentes de grandes plataformas en línea y motores de búsqueda, con el objetivo de mejorar su rendición de cuentas e identificar los posibles riesgos derivados de sus actividades.
“Nuestras democracias dependen de la confianza. Las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio. La DSA hace de esto una obligación, no una opción”, afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.
Dificultades para denunciar contenidos ilegales
En el caso de Meta, la Comisión también detectó irregularidades adicionales en los mecanismos para reportar contenido ilegal (“Notice and Action”) y en los sistemas de apelación de decisiones de moderación. Según el informe, las herramientas que Meta ofrece a los usuarios imponen pasos innecesarios, presentan interfaces confusas y emplean lo que el regulador califica como “patrones oscuros” —diseños deliberados para desalentar reclamos o dificultar su resolución—.
La DSA obliga a las plataformas a ofrecer procesos claros, accesibles y proporcionales para denunciar material ilícito y para apelar sanciones o eliminaciones de contenido. Sin embargo, la Comisión concluyó que los mecanismos actuales de Facebook e Instagram no permiten a los usuarios aportar evidencia o explicaciones suficientes para sustentar sus apelaciones.
Por su parte, TikTok enfrenta acusaciones similares por no brindar acceso adecuado a datos públicos que permitan a los investigadores evaluar la exposición de los menores de edad a contenidos potencialmente dañinos. La empresa sostuvo que la apertura de sus sistemas podría entrar en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y pidió a los reguladores europeos “aclarar cómo deben conciliarse ambas obligaciones”.
Descargos, incumplimientos y posibles sanciones
Ambas compañías tendrán ahora la oportunidad de revisar los expedientes y responder por escrito a las observaciones de Bruselas. Si las medidas correctivas que propongan resultan insuficientes, la Comisión podrá emitir una decisión de incumplimiento y aplicar multas de hasta el 6% de su facturación anual global, además de sanciones periódicas mientras no cumplan con la normativa.
El proceso europeo se suma a las investigaciones y demandas en curso contra Meta en otras jurisdicciones. En 2023, más de 40 estados de Estados Unidos demandaron a la empresa por crear plataformas “intencionalmente adictivas” y agravar la crisis de salud mental entre adolescentes. Las demandas, presentadas en California, alegan que herramientas como el scroll infinito y las notificaciones constantes fueron diseñadas para fomentar la dependencia digital. El abogado y profesor Danny Karon, especialista en litigios colectivos, comparó el modelo de negocio de Meta con el de la industria tabacalera: “Facebook es realmente el nuevo tabaco”, sostuvo.
El caso de Meta y TikTok pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de regulaciones que apunten a los procesos de funcionamiento y moderación de las plataformas —y no al control de los contenidos—. Las investigaciones de la Comisión Europea evidencian que la falta de transparencia y de mecanismos eficaces de apelación o denuncia comprometen tanto la libertad de expresión como la integridad informativa en el entorno digital.
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