La Comisión Canadiense de Radiodifusión y Telecomunicaciones anunció que impondrá una tarifa para afrontar la implementación de la Ley de Noticias en Línea, que obliga a las plataformas digitales a negociar acuerdos económicos con medios de comunicación, y entrará en vigor el próximo 1° de abril
Para cubrir los costos asociados a la implementación y fiscalización de la denominada “Ley de Noticias en Línea” de Canadá -que entrará en vigor el próximo 1 de abril-, la Comisión Canadiense de Radiodifusión y Telecomunicaciones (CRTC, por sus siglas en inglés) anunció la aprobación de una tarifa que alcanzará a los actores regulados por la norma.
Por el momento, dicha tarifa solo se aplicará sobre Google, única empresa que ha realizado un acuerdo con los medios, antes de la entrada en vigor de la ley. Cabe destacar que Meta, -empresa matriz de Facebook e Instagram-, decidió bloquear la difusión de noticias en sus plataformas para evitar cumplir con la norma.
Esta ley aprobada en 2023 establece que las grandes plataformas digitales deben celebrar acuerdos económicos con los medios de comunicación por el uso de sus contenidos informativos.
La CRTC explicó que la mayor parte de sus operaciones se financian mediante tarifas cobradas sobre quienes son regulados. En este caso, la tarifa anunciada -por ahora, aplicable solamente a Google- podrá variar cada año y no tendrá un tope máximo, aunque aún no se han establecido montos concretos.
Google manifestó su rechazo a la tarifa tal como fue planteada, argumentando que no es razonable “imponer el 100 % de los costos a una sola entidad”.
A fines de 2023, el gobierno canadiense anunció un acuerdo con Google, mediante el cual la empresa se comprometió a destinar 100 millones de dólares canadienses —equivalentes a unos 75 millones de dólares estadounidenses— al sector de medios.
El monto acordado -inferior a lo que se había estimado inicialmente- permite a Google canalizar los fondos a los medios a través de una única entidad que se supone representativa de los mismos, pero con condiciones y mecanismos de distribución que no fueron explicitados, lo que ha generado dudas sobre la transparencia y el alcance real del acuerdo.
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