Según ALAI, si se aprueban los artículos 214 a 216 se habilita la posibilidad de que se bloqueen contenidos en Internet sin orden judicial y debido proceso
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) manifestó su preocupación por los artículos 214, 215 y 216 del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, algunos de los cuales buscan otorgarle a autoridades administrativas herramientas para bloquear transmisiones ilegales por Internet de eventos deportivos.
ALAI pidió que no se aprueben estos artículos, ya que se puede generar un “bloqueo de contenidos incorrectos”, y se podría afectar a la libertad de expresión. También manifestó que el camino para reducir el impacto de las transmisiones ilegales de eventos deportivos es la “colaboración mediante el diálogo entre los distintos actores del ecosistema (autoridades, plataformas, proveedores de internet, cable operadores y poseedores de derechos de transmisión)”.
Según ALAI, el artículo 214 habilita a que cualquier autoridad administrativa pueda pedir que se retire contenido de Internet, “sin debido proceso, sin intervención de autoridades judiciales y sin garantías para los potenciales afectados”.
La asociación opinó que sólo un tribunal judicial puede dar garantías de un debido proceso. De lo contrario, se puede vulnerar la libertad de expresión y alejar a Uruguay de los estándares internacionales.
En este sentido, ALAI manifestó que el texto propuesto “no se ajusta a los estándares interamericanos que establecen los requisitos esenciales que debe cumplir cualquier restricción del derecho a la libertad de expresión”.
Con respecto al artículo 215, se planteó que el mismo es confuso y abarca demasiados servicios ignorando la diversidad de las plataformas, y el mecanismo sugerido “no ofrece garantías procesales mínimas”. A su vez, expresan que la normativa aprobada en la Ley 19.924, conjuntamente con otras herramientas tecnológicas, dan la posibilidad de tratar la problemática del contenido ilegal de manera eficiente.
ALAI manifestó que lo presentado en este artículo posibilita el riesgo de bloqueo de contenidos incorrectos, e “introduce riesgos significativos de censurar contenidos legales afectando derechos”.
En el artículo 216 se recomienda ampliar el alcance de la normativa para abarcar mayor cantidad de contenidos audiovisuales de Internet. Algo que fue rechazado en 2020, ya que según ALAI, organizaciones de diversos sectores advirtieron el riesgo de afectación del derecho a la libertad de expresión en este tipo de regulaciones.
La asociación expresó, finalmente, que están de acuerdo con combatir este tipo de transmisiones, pero el marco legal que se propone no contribuye a proyectar la imagen de Uruguay como un “país digitalmente avanzado”.
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