«Al hablar de regulación económica y diferenciarla de la regulación de contenidos, Dilma contribuye a desobstruir el debate público, ya que la reacción vocalizada por las emisoras en general fomenta la confusión de regulación con la censura, además, término ‘regulación económica’ permite incluir gran parte de los temas que precisan ser enfrentados. El primer desafío será adaptar la regulación a un escenario de convergencia…»
Joao Brant*/Brasil, noviembre 2014.
Dos episodios de las elecciones brasileñas volvieron a colocar en la agenda nacional el tema de la regulación de la comunicación. Ya en el inicio de su campaña, la presidenta reelecta Dilma Rousseff afirmó la intención de discutir, en nuevo mandato, la regulación económica de los medios, sin dar espacio, sin embargo, para también incluir una regulación de contenidos. La afirmación fue reiterada algunas veces durante la campaña, incluso en los debates de televisión.
Ya en los últimos días antes de la segunda vuelta electoral, otro episodio contribuyó para la discusión del tema. La revista Veja, el semanario de mayor circulación en el país, con cerca de 1 millón de ejemplares, anticipó su edición un día y publicó una tapa con un ataque directo a Dilma Rousseff e Ignacio Lula da Silva. La acción fue interpretada por el Tribunal Superior Electoral como propaganda anti-Dilma y como una tentativa de influencia en el proceso electoral por parte de la revista, por lo que ésta fue obligada a publicar un derecho de réplica en su sitio web.
Los dos episodios antes descritos levantaron el debate sobre la regulación de los medios, desde distintos ángulos. Por un lado, Brasil carece de la actualización de su marco regulatorio de las comunicaciones (la ley actual es de 1962) y aún no se han reglamentado tres de los artículos de la Constitución de 1988 que siguen sin efectiva aplicación. Por otro, ya hay en el país una razonable legislación electoral que consigue inhibir, aunque sin impedir, el uso político de los medios de comunicación en estos períodos. La tarea más urgente parece ser realmente la primera, la segunda precisa ser tratada más en el ámbito judicial que en el parlamentario.
Deuda histórica.
Brasil salió de la dictadura militar en 1985 y logró, desde entonces, superar una buena parte de sus pasivos antidemocráticos. El sistema de comunicación, sin embargo, sigue organizado en bases que, aunque no hayan sido creadas por la dictadura, fueron desarrolladas en aquel período. La década de 1970 asistió a un aumento de la concentración con el desarrollo de la estructura de redes nacionales fomentadas por infraestructura pública de satélites y distribución de concesiones para políticos (especialmente parlamentarios) como moneda de cambio del Ejecutivo.
En la salida de la dictadura, la distribución irrestricta de concesiones para políticos se acentuó en el primer gobierno civil, y la tarea de establecer nuevas bases para el sistema de televisión y radio fue llevada para el debate constituyente. La Constitución fue objeto de disputa entre sectores empresariales, a quien interesaba mantener las bases del sistema, y de la sociedad civil (como la Federación Nacional de Periodistas y la Asociación Brasilera de Prensa), que reivindicaba medidas anti concentración de propiedad y un órgano regulador independiente.
El resultado final fue un medio término. El texto constitucional prevé que los medios de comunicación no pueden ser objeto de monopolios u oligopolios directos o indirectos y estableció un porcentaje mínimo de producción y programación regional de las emisoras de radio y televisión y estimulo a la producción independiente. Pero el órgano regulador independiente no fue aprobado, y las concesiones siguieron siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo, con apreciación de los actos por el Poder Legislativo. Desde 1988 los distintos gobiernos han pospuesto la tarea de reglamentar el texto constitucional.
Regulación ¿En que términos?
Al hablar de regulación económica y diferenciarla de la regulación de contenidos, Dilma contribuye a desobstruir el debate público, ya que la reacción vocalizada por las emisoras en general fomenta la confusión de regulación con la censura, además, término ‘regulación económica’ permite incluir gran parte de los temas que precisan ser enfrentados.
El primer desafío será adaptar la regulación a un escenario de convergencia. En el proyecto de ley de iniciativa popular presentado por organizaciones de la sociedad civil, la regulación se extiende por toda la comunicación social electrónica, entendida como “las actividades de telecomunicaciones o de radiodifusión que posibilitan la entrega de programación audiovisual o de radio en cualquier plataforma, con las siguientes características: a) flujo de señales predominantemente el sentido de la emisora, prestadora u operadora para el usuario; b) contenido de programación no generado por el usuario; y c) elección del contenido de las transmisiones realizada por la prestadora de servicio, sea como parrilla de programación, sea como catálogo limitado de oferta de programación”. El abordaje es positivo porque consigue ampliar más allá de la TV abierta tradicional sin incluir cambio de contenidos producidos por usuarios, disponibles en plataformas como YouTube.
Pero el tema central de la regulación económica son seguramente las medidas anti concentración. Más allá de medidas tradicionalmente adoptadas en las democracias occidentales, como límites a la propiedad cruzada y a la audiencia potencial, será preciso adoptar medidas que permitan enfrentar las prácticas anticompetitivas que ocurren en la relación entre agentes económicos de diferentes actividades de la cadena de valor, como emisoras, programadoras, productoras y hasta los fabricantes de equipos, que pasaron a tener un rol clave con los televisores conectados.
El estímulo a la regionalización y a la producción independiente también son eficaces medidas anti concentración vertical, y ciertamente serán contempladas en el debate. La Constitución prevé aún en su artículo 223 la complementariedad de los sistemas público, privado y estatal. Hoy el sistema es cerca de un 90 por ciento privado, por lo tanto una medida importante que también se encaja el en debate de la regulación económica es el espacio para emisoras públicas y comunitarias. Entre las definiciones necesarias están la posibilidad garantía de espacio para el sistema público en las plataformas de distribución limitada (como el espectro radioeléctrico) y el financiamiento de esa programación. El proceso de otorgamiento y renovación de licencias, que hoy se da de forma prácticamente automática, y el debate sobre las licencias para políticos también son temas inevitables.
Para encaminar.
Hay, por fin, algunos temas de contenido que precisarán ser abordados, incluso para ser incluidos en la Constitución Federal. Uno de ellos es el derecho de réplica, carente de reglamentación desde que la antigua Ley de Prensa fue derogada por la Constitución de 1988. Otros son los principios de programación, ya que el artículo 222 de la constitución define que “los medios de comunicación social electrónica, independientemente de la tecnología utilizada para la prestación de servicio, deberán observar los principios enunciados en el artículo 221, en forma de ley específica, que también garantizará la prioridad de profesionales brasileños en la ejecución de producciones nacionales”.
La propuesta de la presidenta Dilma Rousseff retoma el debate interrumpido por el gobierno después de la realización de la I Conferencia Nacional de Comunicación, en 2009. Al final del 2010, un anteproyecto de ley fue entregado al Ministro de las Comunicaciones que asumía en aquel momento, pero en los últimos cuatro años no hubo ninguna acción o debate público sobre el tema.
La sociedad civil organizada ha recabado firmas de apoyo para el proyecto de ley de iniciativa popular, que ya cuenta con cerca de 100 mil firmas, y prepara el II Encuentro Nacional por el Derecho a la Comunicación para el primer semestre de 2015. La esperanza es que la demanda, que ya completa 30 años, pueda finalmente avanzar de forma concreta. Por hora, por lo menos, el tema ha vuelto a la agenda pública.
* Maestro en Regulación y Políticas de Comunicación por la London School of Economics and Political Science y miembro del colectivo Intervozes, Brasil.
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