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Brasil: Coalición Derechos en la Red apoya proyecto de ley que obliga a transparencia y debido proceso a plataformas digitales

Esta semana, después de la presentación de una nueva versión del informe sustitutivo del proyecto de ley 2630/2020 -apodado PL de Fake News- en la Cámara de Diputados de Brasil, la Coalición Derechos en la Red (CDR) publicó una declaración a favor de la aprobación de la propuesta normativa, aunque solicita cambios en algunos puntos.

La manifestación del CDR, un frente que aglutina a más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, de investigación y académicas del país lusófono, se produce poco después de que el presidente de la cámara legislativa en la que se tramita el asunto, Arthur Lira, dijera que no enviaría el proyecto de ley a votación del plenario este año.

La posición del dirigente parece haber cambiado después de que miembros del Frente Mixto Parlamentario de Economía Digital y Ciudadanía y representantes de las principales corporaciones de Internet afectadas por la propuesta -Google, Facebook, Twitter y TikTok- se hayan reunido con él exigiendo precisamente más tiempo para negociar el texto.

Sin embargo, para el CDR, «el PL 2630/20 alcanzó un texto compatible para apoyar la lucha contra el engranaje de las máquinas de desinformación y odio, sin perjudicar la privacidad de los usuarios, la protección de los datos personales y la libertad de expresión».

El CDR señala que el texto puede ser mejorado en algunas áreas, como el establecimiento de la reparación a los usuarios que se sientan perjudicados por las plataformas o las atribuciones del Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI.BR) para construir un código de conducta para hacer cumplir la ley.

La coalición enumeró ocho puntos respecto a esta iniciativa parlamentaria:

1- La redacción aporta importantes obligaciones de transparencia que son fundamentales tanto para que los usuarios se protejan de los abusos de la plataforma como para que las autoridades supervisen si se respeta la ley. Los recientes escándalos de las plataformas demuestran la importancia de estas medidas.

2- El texto pone varias reglas importantes para los servicios de mensajería privada (como Whatsapp) para luchar contra la desinformación, como establecer límites a la viralización y proporcionar un mecanismo de obtención de datos para la investigación que no vulnera derechos como la protección de datos.

3- El PL aporta mecanismos de debido proceso que garantizan el derecho a recurrir y defender a los usuarios en caso de abuso de las plataformas. Pone obligación de notificación del usuario. Sin embargo, sigue siendo necesario mejorar las normas de reparación en caso de errores de moderación.

4- El proyecto de ley delega en el Comité Directivo de Internet (CGI.br) un conjunto de responsabilidades, como el control de la aplicación de la ley y la elaboración de directrices para un código de conducta. La decisión es acertada por el carácter multisectorial del CGI.br y su tradición de actuación técnica en temas de Internet.

5- Pero todavía hay que hacer ajustes. No define quién elaborará el código de conducta con normas más detallada, que debería ser una asignación del CGI, en diálogo con las plataformas, para que este código sea efectivo.

6- En cuanto a las obligaciones de los agentes públicos, la redacción del PL las restringe a los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no especificando a los miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y Policía.

7- El proyecto mantiene la creación de un tipo penal sobre acciones coordinadas de lanzamiento de mensajes ilícitos o manifiestamente falsos. La tipificación tiene riesgos y la redacción sigue abriendo espacio a los abusos en la aplicación y debería ajustarse para evitar que se utilice de forma indebida.

8- Crea una norma de retribución económica a las empresas de comunicación que no resuelve el problema de la concentración publicitaria en las plataformas, refuerza la concentración en los medios tradicionales y no garantiza el pago a los trabajadores y periodistas. CDR considera que debería retirarse para ser tratado en una ley específica.

 

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