Brasil promovió en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un debate sobre interferencia y manipulación extranjeras en la información (FIMI, por sus siglas en inglés) que abrió un intercambio entre los representantes de los Estados miembros sobre cuál es el mejor camino para abordar estos desafíos. Los posicionamientos de los países variaron entre administrar el fenómeno bajo el actual marco jurídico de derechos humanos o explorar nuevos instrumentos en los organismos de la OEA, incluyendo la propuesta de que el Comité Jurídico Interamericano examine el fenómeno y ofrezca opciones jurídicas para avanzar.
El tema fue abordado en la sesión ordinaria del Consejo del 4 de noviembre y contó con una exposición de nuestro director ejecutivo Gustavo Gómez en un panel inicial integrado por expertos latinoamericanos que abrieron el diálogo entre países.
La nota conceptual brasileña describe operaciones intencionales y coordinadas de actores extranjeros, estatales o privados, directamente o mediante intermediarios. Incluye financiamiento encubierto, cuentas falsas, suplantación de medios y amplificación artificial de contenidos, incluso con inteligencia artificial. Para Brasil, el foco está en los métodos y la coordinación, no solamente en la veracidad de mensajes aislados.
Esta iniciativa propone examinar vacíos jurídicos y mecanismos de cooperación, transparencia y rendición de cuentas, con garantías de libertad de expresión y debido proceso. Con la experiencia del Consejo de Europa como referencia, destaca el uso de la alfabetización mediática, el periodismo independiente y la transparencia de las plataformas como herramientas preventivas frente a estos fenómenos.
Uruguay, en la voz de su embajador ante la OEA, el exRelator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, advirtió sobre “la desinformación electoral deliberada y viralizada artificialmente” y el papel de las plataformas de redes sociales “que controlan la plaza pública digital”. A este respecto recordó que “precisamente, el artículo 13.3 (de la Convención Americana de DDHH) no sólo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que también prohíbe expresamente “controles… particulares” que produzcan el mismo resultado”.
En su intervención final dejó las siguientes preguntas: “¿Cuál es la afectación o daño que este fenómeno causa en los procesos electorales? ¿Cuál es el nivel de transparencia que debemos exigir a empresas digitales que evidentemente se han transformado en la nueva plaza pública? ¿Cuál es la respuesta del derecho interamericano ante este fenómeno?”.
En la misma línea de búsqueda de soluciones se expresó la representación de Brasil ante el organismo, para quien las experiencias internacionales y multilaterales actualmente en curso “pueden ofrecer una importante fuente de aportes para orientar un debate en la OEA”, pero “adaptado a las realidades y al acervo jurídico interamericano”. “Un examen técnico inicial permitiría”, aseguró, “determinar las convergencias conceptuales, evaluar la idoneidad de las normas vigentes y reconocer eventuales vacíos (y) también podría analizar criterios para las posibilidades de cooperación y parámetros de transparencia y rendición de cuentas de los actores digitales”.
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4 de noviembre de 2026 – Reunión ordinaria del Consejo Permanente
Presentación de Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM ante el Consejo Permanente de la OEA