Observacom
Actualidad - Argentina

CELS y otras organizaciones de Argentina denuncian irregularidades en Defensoría del Público y piden remoción de su interventor

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con otras organizaciones sociales y referentes del ámbito académico denunciaron en el Congreso irregularidades en el funcionamiento de la Defensoría del Público y solicitaron la remoción de su interventor, Emilio Alonso, quien ocupa dicha función desde setiembre de 2018.

Las organizaciones señalan que la decisión de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización de designar al interventor “derivó en la interrupción todos los procesos virtuosos que la Defensoría venía desarrollando”.

La denuncia sostiene que desde la llegada de Alonso:

“discontinuó las líneas de trabajo,se paralizó el despliegue territorial federal, separó de su cargo al Director Ernesto Lamas, en un acto de clara persecución política, provocó la renuncia al cargo de la Directora María José Guembe, a quien la Comisión Bicameral había confiado la responsabilidad de hacerse cargo de la Defensoría durante la acefalía, tras retener indebidamente el informe de gestión que por ley debía presentar a la Comisión Bicameral, provocó la renuncia al organismo, tras una larga persecución y censura, del doctor Santiago Marino, Director hasta junio pasado de Análisis, Investigación y Monitoreo, quien cuenta con experiencia y conocimientos extraordinarios en materia de comunicación y convergencia, temática sobre la que supuestamente se propone profundizar durante 2019, designó una directora a cargo de la Dirección de Capacitación y Promoción que ya renunció a su cargo, de ese modo dejó las tres direcciones sustantivas del organismo vacantes, procedió a la designación de personal en cargos jerárquicos que al igual que el interventor no cuentan con formación previa en la comunicación audiovisual o la defensa de las audiencias, desde su designación hace un año, el interventor informó a la Comisión Bicameral al menos 14 designaciones [de funcionarios políticos, con sueldos altos y sin experiencia]”.

“El resultado de estas decisiones es una Defensoría empobrecida, paralizada en todas sus acciones y la total desprotección de los derechos de las audiencias”, dice la denuncia.

Por estas razones, solicitaron que la Comisión Bicameral realice un sumario y remoción de Alonso, inicie el proceso de selección para designar al defensor o defensora del público y, hasta que ello suceda, que queden a cargo del organismo funcionarios de la planta permanente. Asimismo se pide que “se adopten las medidas necesarias para retomar el normal funcionamiento de la Defensoría del Público, sus Direcciones sustantivas, y de ese modo poder recuperar las acciones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía”.

Cabe recordar que en noviembre de 2016 finalizó el mandato de Cynthia Ottaviano al frente de la Defensoría del Público. Hasta el momento, ella fue la primera y única titular del organismo creado a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Luego, por decisión de la Comisión Bicameral se delegó la firma a María José Guembe, quien ya se desempeñaba en el organismo. Pero en septiembre de 2018 la Comisión designó a Alonso como interventor. Su nombramiento fue ampliamente cuestionado porque se realizó sin que mediara audiencia pública como lo prevé la normativa y sin dar a conocer previamente sus antecedentes.

La denuncia fue promovida por el CELS; la abogada Graciana Peñafort; Martín Becerra (investigador principal en el Conicet y docente de las universidades nacionales de Quilmes y Buenos Aires); Diego de Charras (docente, investigador y Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA); Guillermo Mastrini (investigador y docente de las universidades nacionales de Quilmes, Buenos Aires, Córdoba, San Martín y Córdoba); Larisa Kejval (docente e investigadora de las universidades nacionales de Avellaneda y Buenos Aires y Secretaría Académica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA); Philip Kizberger, Investigador Conicet, profesor Universidad Torcuato Di Tella; el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA); la Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo Argentina (AMARC – Argentina); la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales (ARUNA) dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional; Asociación Civil Comunicación para la Igualdad; 100% Diversidad y Derechos; y el proyecto de investigación “Las radios y televisoras comunitarias desde la Ley 26.522. Condiciones, estrategias y desafíos” (integrado por investigadores y docentes de cinco universidades nacionales).

 

ENLACES RELACIONADOS:

Designan interventor de la Defensoría del Público en Argentina sin idoneidad ni antecedentes. Fuerte rechazo nacional e internacional

Piden la remoción del inverventor de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Denuncia contra la intervención de la Defensoría del Público Audiovisual

 

Imagen destacada: Tiempo Argentina

... (en este espacio hay varias líneas de código de programación personalizado)