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Análisis - El Salvador Español

Centroamérica, democracia desconectada

Las TIC brindan condiciones para la innovación y abren canales para la profundización del diálogo público. Pero esto no es el caso para la región centroamericana debido a la escasez de políticas públicas que garanticen su acceso, uso y apropiación

Oscar A. Pérez y Andrea Cristancho*/El Salvador/Diciembre 2016
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La reflexión y el debate sobre las políticas públicas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Centroamérica, han servido para evidenciar la necesidad de que los estados promuevan un ajuste institucional y normativo, que permita el uso, acceso y apropiación de las TIC a la ciudadanía, en condiciones equitativas y de inclusión.

Parte de esta contribución a la reflexión y el debate la adelanta la Fundación Comunicándonos de El Salvador, por medio de la investigación “Centroamérica, democracia desconectada”, que entre otros temas aborda “El derecho a la comunicación en el entorno digital: Implicaciones para el ejercicio ciudadano”, donde se utiliza el concepto de Ecosistema Digital, modelo desarrollado por el Banco Mundial, y que nos permite evidenciar cómo un enfoque parcial de las políticas públicas de TIC genera que su impacto sea limitado y que solo beneficie a pequeños grupos poblacionales.

Bien lo advierte la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ente de las Naciones Unidas que ayuda a los estados del mundo a regular las telecomunicaciones, que en su Revista Actualidades de la UIT sostiene que “En particular, la brecha de la banda ancha entre países desarrollados y países en desarrollo sigue siendo grande, con una penetración del 82% frente al 21%, respectivamente” (f). También sostiene la UIT, que “aunque a finales de 2014 había en todo en el mundo 3.000 millones de personas que tenían acceso a servicios de internet en línea, al menos 4.300 millones de personas no disponían de acceso a servicios en línea, de los que el 90 % viven en países en desarrollo”, como los de Centroamérica.

Echemos entonces rápidamente una mirada de cómo se encontraba Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua en 2014, y para ello tomaremos algunos de los Índices de Desarrollo de la Banda Ancha analizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se indica que en cobertura de la red celular móvil existe igual o mayor número de teléfonos que personas —otra cosa es si esta población centroamericana está comunicada entre sí o sí tiene saldo o recarga para utilizar este gran número de celulares inteligentes que ahora posee-, pues no es lo mismo poseer varios teléfonos, que tener saldo para acceder a datos o el internet.

Igual señala el BID, que en 2014 los hogares centroamericanos con acceso a internet se encontraban así: Guatemala 9.3%, El Salvador 12.7 %, Honduras 16.4 % y Nicaragua 9.4 %. Sobre el acceso de internet en las escuelas, Guatemala tenía un 3.26 %, El Salvador 3.67 %, Honduras 3.11 % y Nicaragua 3.46 %. Sobre políticas públicas y regulación en temas TIC, según el propio BID, los estados centroamericanos en 2014 todavía no habían diseñado un Plan Nacional de Banda Ancha.

Siempre se ha destacado –y los estados insisten en ello- que las TIC han venido a configurar un escenario óptimo para el ejercicio ciudadano y la exigibilidad de derechos fundamentales, ya que facilitan que la ciudadanía se exprese con libertad y en forma directa. También las TIC, ofrecen y brindan condiciones para la innovación y abren canales para la profundización del diálogo público. Pero esto no es el caso para la región centroamericana, donde grandes sectores vulnerables aún no pueden beneficiarse de esta oportunidad debido a la escasez de políticas públicas que garanticen su acceso, uso y apropiación. En Centroamérica la discusión en relación a las políticas públicas sobre TIC ha sido tímida y con énfasis en los aspectos técnicos, ignorando sus implicaciones democráticas y la posibilidad para fortalecer el derecho ciudadano a la comunicación y la mejora en la calidad de la democracia de la región.

Esto explica que en los cuatro países investigados (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador), las TIC no ocupan un lugar central en la organización administrativa, pues su abordaje y el tratamiento de las distintas dimensiones de la política lo hacen instituciones diversas y que se centran en temas varios. Por ello, la ausencia de políticas públicas integrales y de un marco normativo que reconozca su importancia en el desarrollo democrático profundiza la inequidad y la exclusión entre los diferentes segmentos de la población centroamericana.

Parte de las conclusiones que arroja este importante análisis regional que adelanta la Fundación Comunicándonos, señala que el mercado es el que más se beneficia del potencial de las TIC, ya que este sector ha incorporado la tecnología en sus empresas. En suma, los estados centroamericanos tienen la tarea urgente de trabajar en la integralidad de las políticas públicas sobre TIC, de lo contrario se profundizará la exclusión de aquellos sectores que no pueden acceder a sus beneficios con la simple interacción de la oferta y la demanda.

No existe duda alguna que el desarrollo de las TIC representa una oportunidad indiscutible para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, pues permiten que la ciudadanía tenga un rol protagónico en el desarrollo de los procesos de comunicación e incidencia en las políticas públicas, en la defensa y promoción de los derechos humanos. No se debe dejar a un lado que las políticas públicas sobre las TIC también inciden sobre el sistema de medios, sobre todo cuando hablamos de la transición del sistema analógico a la digitalización de la radio y la televisión. Este proceso de digitalización tiene que ver directamente con el goce y disfrute de los derechos humanos y no solo con los intereses del mercado.

Por ello, urge que los estados centroamericanos formulen políticas públicas en materia de TIC, basadas en principios de equidad, inclusión y de respeto a los derechos humanos, buscando que estas garanticen la pluralidad de voces y abran caminos para el respeto al derecho a la comunicación de la población.

*Presidente-Director de Fundación Comunicándonos y Representante para Centroamérica de AMARC. Investigadora asociada de la Fundación Comunicándonos y directora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA), San Salvador, respectivamente.

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