El Comité Gestor de Internet de Brasil publicó diez principios de referencia para un futuro marco regulatorio de las plataformas digitales de contenido, producto de un amplio diálogo con diversos sectores de la sociedad. Los principios incorporan ejes como el respeto al Estado democrático y a los DDHH, así como la integridad de la información y deberes de transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas
El Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI.br) presentó los Diez Principios para la Regulación de las Plataformas de Redes Sociales, un conjunto de lineamientos que fueron reforzados luego de un proceso de consulta pública realizado entre mayo y junio. Esa instancia permitió recibir cerca de 300 contribuciones de diferentes sectores, consolidando el texto como referencia para futuras discusiones sobre un marco regulatorio nacional.
Renata Mielli, coordinadora de CGI.br, afirmó que estos principios son fruto de un “amplio diálogo con la sociedad”, con el objetivo de garantizar que cualquier regulación “fortalezca la democracia, proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos y promueva un entorno digital más transparente y seguro para todos, sin obstaculizar la innovación”.
Por su parte, Henrique Faulhaber, consejero y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Regulación de Plataformas de CGI.br, subrayó que el próximo paso será transformar los principios en una referencia técnica para propuestas legislativas.
Los dos primeros principios establecen que las plataformas deben actuar conforme a la Constitución y a las leyes brasileñas, garantizando la soberanía y la jurisdicción nacional en la aplicación de medidas que protejan la democracia, la seguridad y los derechos de la ciudadanía, al tiempo que promuevan la diversidad cultural y el desarrollo socioeconómico del país.
También disponen que la regulación debe salvaguardar la dignidad humana y los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión —tanto individual como colectiva—, la privacidad, la igualdad y la no discriminación, con énfasis en la protección absoluta de niños, niñas y adolescentes, y la necesidad de combatir la violencia, el discurso de odio y todas las formas de discriminación en línea.
Otro principio establece que las plataformas deben ser “transparentes y responsables en sus operaciones, incluyendo sus mecanismos de impulso, distribución, moderación y recomendación algorítmica, así como sus políticas de monetización”. Además, propone que las empresas deben brindar “garantías de debido proceso” en la eliminación de contenidos y ofrecer información cualificada a investigadores independientes y autoridades.
Otro principio es la autodeterminación informativa, que reconoce el derecho de las personas a decidir cómo se recolectan, usan y comparten sus datos, y a influir en el tipo de contenidos que reciben.
Asimismo, el principio de integridad de la información establece que debe promoverse el acceso a contenidos de interés público —como los periodísticos y científicos— y desarrollarse medidas eficaces contra la desinformación.
Por otro lado, los principios también incluyen el derecho a la portabilidad de datos y la promoción de la interoperabilidad, la adopción de medidas preventivas por aparte de las empresas para reducir riesgos sistémicos, la proporcionalidad regulatoria según el tamaño e impacto de cada plataforma, la necesidad de un modelo de gobernanza multiactor que garantice el interés público, y el fomento de la innovación y la competencia digital inclusiva.
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