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Comisión del Congreso de Brasil aprueba modificaciones a ley de TV paga para regular OTT audiovisuales

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 8.8889/2017 para regular a los servicios de video bajo demanda (VoD), estableciendo reglas para que los proveedores de servicios audiovisuales a través de Internet aporten al fondo audiovisual (CONDECINE), así como que también incluyan cuotas de contenido nacional y financien a los productores independientes, entre otros aspectos.

De este modo, también se amplía el alcance de la Ley de Servicios de Acceso Condicionado (Ley SeAC) a los actores de Internet ya que según la propuesta aprobada, tanto empresas de telecomunicaciones como proveedores de aplicaciones de Internet podrán realizar la distribución de contenidos audiovisuales, a cambio de estas contraprestaciones.

El texto aprobado se basa en la propuesta de la diputada Benedita da Silva del Partido de los Trabajadores de Río de Janeiro (PT- RJ) al proyecto original de Paulo Texeira, diputado del mismo partido por San Pablo (PT-SP).

De acuerdo con el portal Teletime, otro de los cambios del proyecto a la Ley SeAC es la definición de contenido audiovisual identitario. A partir de una demanda impulsada por la Asociación de profesionales del Audiovisual Negro (APAN), se buscó dejar más claro en el texto el principio de estímulo a la producción audiovisual por parte de mujeres, personas negras, pardas, indígenas, personas con deficiencias, miembros de pueblos y comunidades tradicionales y grupos en situación de vulnerabilidad social.

También se obliga a los proveedores de contenido audiovisual financiados por publicidad a declarar al fisco los ingresos obtenidos por publicidad en el exterior, para facilitar la fiscalización de las obligaciones.

Asimismo se establece que las empresas que ofrecen contenidos en catálogo deben ofrecer sus contenidos en condiciones isonómicas y no discriminatorias a cualquier distribuidora, para garantizar la competencia entre distribuidores y programadores.

En relación a los contenidos en modalidad catch up (la disponibilización en Internet de programas emitidos en la TV abierta) quedarán exentos de las obligaciones establecidas en el proyecto (tributación, cuotas, etc) en la medida que sea una réplica integral de los contenidos emitidos por las emisoras de TV o canales de TV paga.

Otra de las modificaciones apunta a evitar la concentración por tipo de productoras y por región a través del establecimiento de inversión obligatoria en contenidos producidos por productoras brasileñas independientes, productoras dedicadas a contenido audiovisual identitario y productoras brasileñas establecidas en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste.

Además, el proyecto prohíbe que los contenidos producidos en el país por empresas que ofrecen obras en los catálogos puedan ser utilizados parcialmente para cumplir con la obligación de inversión en contenido nacional.

La aprobación del proyecto fue muy bien recibida por parte de los productores audiovisuales: “El audiovisual brasileño es hoy una actividad vibrante, con relevancia cultural y económica, responsable por centenas de millones de empleos calificados en todo el país… es una actividad ambientalmente limpia e intensiva en propiedad intelectual. Esta historia de éxito se debe, en gran parte, a las estructuras legislativas y regulatorias establecidas a lo largo de las últimas décadas y fortalecidas por la actuación de parlamentarios como los Señores, que comprenden el papel de este mercado emprendedor y apoyan el desarrollo de una industria audiovisual plural, fuerte y basada en los preceptos fundamentales de nuestra Constitución Federal y de tratados internacionales de Derechos Humanos”, señala la carta de los productores enviada a la Comisión de Cultura.

El proyecto aprobado por la Comisión de Cultura, ahora debe pasar por otras comisiones antes de ser debatido en el Pleno: por la Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicación e Informática (CCTCI), por la Comisión de Finanzas y Tributación (CFT) y por la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJC).

 

Imagen destacada: Agência Câmara

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