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Comité Gestor de Internet de Brasil reivindica sus atribuciones para crear obligaciones para las plataformas digitales

El Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI.br), que hasta ahora no se había expresado públicamente sobre el proyecto de ley 2630/2020, conocido como PL de Fake News, publicó una nota en la que afirma que las atribuciones delegadas a un Consejo de Transparencia y Rendición de Cuentas, que se creará si la norma es aprobada, son propias, lo que genera preocupación en el órgano de participación multisectorial. Efectivamente, ya en los debates en torno al proyecto de ley, que dispone el control de un órgano administrativo, se señaló este conflicto de competencias con el CGI.br por parte de otros actores.

La manifestación de la CGI.br en relación al proyecto que pretende crear la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, ya aprobado en el Senado y que ahora está siendo analizado por un grupo de trabajo de la Cámara de Diputados, también contiene críticas sobre algunos artículos que pretenden permitir un amplio seguimiento de los mensajes intercambiados en las aplicaciones, así como la presentación conjunta del documento de identidad y el número de CPF en el registro de los teléfonos móviles, tanto por su impacto operativo para los operadores, como porque miles de brasileños no tienen los dos documentos regularizados, lo que podría establecer un retroceso en el proceso de inclusión digital en el país.

Además, el CGI.br indica la «necesidad de mejoras en los artículos que tratan de los mecanismos de apelación, el debido proceso y la notificación de los usuarios sobre las acciones de moderación de contenidos realizadas por los proveedores de aplicaciones de redes sociales y servicios de mensajería, con el fin de salvaguardar los principios previstos en el Marco Civil da Internet, y no ampliar la capacidad ya significativa de las plataformas de intervenir en el flujo y la gestión de la información en el entorno en línea.

Una de las recomendaciones refiere al debido proceso de moderación de contenidos incluido en el proyecto, que fue modificado a última hora en el informe llevado a votación en el Senado y que ahora incluye dos párŕafos. Uno de ellos establece un plazo para la defensa del usuario respecto a la posibilidad de moderación de las distintas plataformas en «los casos de contenidos que utilicen la imagen o la voz manipulada para imitar la realidad, con el fin de inducir a error sobre la identidad de un candidato a un cargo público, salvo con fines humorísticos o de parodia». Otra establece que «la decisión del procedimiento de moderación debe garantizar al ofendido el derecho de réplica en la misma medida y alcance del contenido considerado inapropiado», una propuesta considerada confusa por las organizaciones de la sociedad civil.

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