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¿Cómo enfrentar la desinformación en elecciones?: Guía de recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH

Una «Guía para garantizar la Libertad de Expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales” fue elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentada en conjunto con el Departamento de Cooperación y Observación Electoral (SSD/DECO) esta semana.

El documento, presentado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), contiene recomendaciones para los Estados, el Poder Judicial, altos funcionarios públicos, autoridades electorales, plataformas, empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación, partidos políticos, verificadores y universidades, entre otros.

Las recomendaciones hacia los Estados se sintetizan en evitar establecer marcos regulatorios que no responsabilicen a intermediarios por contenidos producidos por terceros; fortalecer los marcos legales de protección de datos personales; fortalecer los procesos judiciales de naturaleza civil por los que se canalizan las responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión; fortalecer los marcos legales en materia de transparencia en publicidad electoral; y revisar los marcos legales que regulan los procesos electorales.

Sobre evitar regulaciones que responsabilicen a los intermediarios por contenidos de terceros, la guía señala que “teniendo en cuenta los antecedentes en la materia y los efectos indeseados de las normas regulatorias que buscan afrontar el problema de la desinformación mediante el establecimiento de multas y sanciones dirigidas a los intermediarios, se recomienda a los poderes legislativos de la región abstenerse de adoptar aproximaciones punitivas sobre la cuestión. Estos enfoques crean incentivos en actores privados con un rol central en la circulación de información contrarios a la libertad de expresión y al libre debate de ideas, dado que estarán inclinados a dar de baja más contenidos para evitar ser sancionados, y de ese modo afectan a discursos protegidos”.

En relación a los datos personales, el documento expresa que “los poderes legislativos deben fortalecer los marcos locales de protección de datos personales, ya que la explotación de los mismos con fines publicitarios por parte de las plataformas y otros actores del ecosistema digital es a la vez uno de los elementos que, utilizado de manera inadecuada, impulsa, indirectamente, el fenómeno de la desinformación. Una protección adecuada de los datos personales debería procurar que los ciudadanos tengan el control final sobre la forma en que sus datos son utilizados para ofrecerles servicios”.

En materia de transparencia, se plantea que “la mayoría de los regímenes electorales de la región ya incluyen obligaciones de transparencia, especialmente en cabeza de partidos políticos… Estas obligaciones deben incluir que los partidos políticos transparenten e informen sobre el gasto que se invierte en sitios y plataformas que operen en linea, entidades involucrados en las campañas digitales, fuentes de datos (como data brokers), agencias publicitarias y los proveedores de herramientas digitales. Ello puede establecerse mediante obligaciones de referir al origen del aviso, la entidad o partido político contratante, los montos invertidos, los criterios que se utilizan para el direccionamiento de los mensajes, etcétera”.

Por último, sobre la recomendación de revisión de marcos legales, se indica que “la expansión de las campañas electorales en Internet y la aparición del fenómeno de la desinformación constituyen buenas oportunidades para revisar y fortalecer esos marcos legales. En ese sentido, si se tratan de regulaciones que implican una afectación a la libertad de expresión, la misma para ser legítima debe satisfacer los exigentes requisitos recogidos por el test tripartito que el sistema interamericano ha desarrollado”.

En relación a las recomendaciones para el Poder Judicial, el documento de la CIDH postula la necesidad de considerar el impacto sistémico de las decisiones de funcionarios judiciales en el funcionamiento de Internet.

“Es fundamental que los jueces de la región comprendan que las decisiones que implican bloquear o filtrar el acceso a determinados contenidos en línea sólo son legítimas si las mismas están establecidas por medio de una ley clara y precisa, responde a una necesidad imperiosa y la misma sólo puede ser alcanzada mediante este tipo de acciones y no otras que dañen en menor medida a la libertad de expresión. El bloqueo o dada de baja de contenidos en Internet puede tener un efecto similar a la censura”, expresa la guía.

El documento también contempla recomendaciones para el Poder Ejecutivo y altos funcionarios públicos, que tienen que ver con recordar que tienen responsabilidades especiales frente al ejercicio de la libertad de expresión; así como también de realizar acciones positivas de educación y capacitación sobre el fenómeno de la desinformación; promover políticas destinadas al acceso universal de internet y la garantía del principio de neutralidad de red, así como el desarrollo de acciones tendientes a proteger a periodistas y comunicadores sociales del fenómeno de la violencia.

Sobre las responsabilidades especiales como funcionarios públicos, la guía plantea que “los poderes ejecutivos de la región tienen responsabilidades especiales en materia de libertad de expresión y combate a la desinformación…. se ha verificado que la intervención de actores públicos relevantes, sin apego a estos principios [constatar hechos en los que basan sus opiniones], potencia la diseminación de información falsa”.

En cuanto a las acciones de educación, capacitación y concientización sobre la desinformación, se postula que “las mismas deberían estar enfocadas en ofrecer a los ciudadanos herramientas para poder distinguir la información verdadera de la falsa, tomar conciencia de su propia participación en los procesos de réplica de la información, y alertar sobre el empobrecimiento del debate público que la desinformación genera”.

“Una de las condiciones básicas para lucha contra la desinformación es poder acceder a diversas fuentes de información para comparar y chequear si la información recibida por las personas es verosímil. Eso requiere que los ciudadanos cuenten con acceso a la totalidad de las posibilidades que brinda la red de Internet”, explica la guía sobre la promoción del acceso universal a Internet.

En tanto, sobre el resguardo del principio de la neutralidad de la red, la guía indica que «los Estados deben respetar y establecer normas que obliguen a los intermediaros a no discriminar los flujos de Internet basado en el contenido, origen, destinatario o el dispositivo utilizado”.

Para las autoridades electorales, la CIDH apunta a la necesidad de fortalecer las capacidades de los ciudadanos para desarticular las campañas de desinformación en contextos electorales, así como también fortalecer la instrucción y capacitación sobre procesos electorales.

Otras recomendaciones incluidas en la Guía para este actor son: colaborar con autoridades públicas en materia de protección de datos; capacitar a los funcionarios públicos sobre el fenómeno de la desinformación; generar instancias de diálogo y cooperación de múltiples actores interesados; y explorar la posibilidad de desarrollar acuerdos de cooperación con plataformas y empresas intermediarias de Internet.

A los intermediarios, la CIDH recuerda que no tener responsabilidad objetiva sobre los contenidos de sus usuarios no implica no tener ninguna responsabilidad, y les recomienda transparentar los criterios que se utilizan para moderar, detectar y priorizar contenidos en las plataformas.

“La limitación de responsabilidad en términos legales por los contenidos que circulan en sus plataformas no significa que no tengan responsabilidades especiales por el lugar que ocupan en el libre flujo de información en Internet. En este sentido, es deseable que las empresas que moderan contenidos continúen sus esfuerzos de transparentar las soluciones tecnológicas que hacen posible la curación y moderación algorítmica del contenido, incluyendo los datos que informan la inteligencia artificial. Asimismo, clarifiquen e informen a los usuarios los criterios que utilizan en sus procesos internos de toma de decisiones respecto a contenidos que den de baja en aplicación de sus políticas comunitarias”, sostiene la Guía.

Otra de las recomendaciones para plataformas apunta a garantizar el debido proceso en la moderación de contenidos. “Resultan positivas algunas prácticas desarrolladas en los últimos meses por algunos intermediarios, como la de crear espacios institucionales entre las plataformas y los reclamos o apelaciones de los usuarios, tales como consejos de supervisión o apelación para aquellos casos en los que usuarios hayan sido afectados por contenidos dados de baja o cuentas suspendidas, etcétera. En el diseño de estos espacios es importante dotarlos de mecanismos de designación públicos, garantías de independencia de sus integrantes respecto a los intereses corporativos, y contar con la facultad de incidir en las políticas que las plataformas despliegan para moderar contenidos”, explica la CIDH.

El documento también recomienda a los intermediarios de Internet profundizar acciones de transparencia sobre publicidad política, especialmente en períodos de elecciones, así como colaborar con investigadores independientes y con autoridades electorales; apoyar el periodismo de calidad; revisar los algoritmos de recomendación de contenidos; y adoptar acciones positivas tendientes a contrarrestar las campañas de desinformación.

Asimismo les recomienda revisar las políticas sobre bots y herramientas de publicación automatizadas. “Las herramientas automatizadas de publicación y los bots -como se conoce a las cuentas no controladas por humanos, sino controladas por herramientas automatizadas- han sido señalados como factores que ayudan a la expansión de información falsa. Si bien los bots no son problemáticos en sí mismos, cuando operan como parte de campañas de desinformación podrían ser objeto de moderación por parte de las plataformas. En este sentido, se recomienda a las plataformas que continúen trabajando en la identificación de usos problemáticos de este tipo de herramientas tecnológicas”, indica el documento.

Otras recomendaciones apuntan a desarrollar buenas prácticas a nivel de la autoregulación y respetar y cumplir de forma proactiva con la protección de datos personales.

En el caso de las empresas de telecomunicaciones, la recomendación de la CIDH se centran en las prácticas de zero rating: “es recomendable que las empresas de telecomunicaciones expandan sus acuerdos de zero rating de una forma que permita a los usuarios que accede sólo a algunos de los servicios o plataformas verificar información con medios de comunicación y organizaciones especializadas en verificación”, dice la Guía.

En tanto, para los medios de comunicación, se recomienda fortalecer el periodismo de calidad frente a la desinformación. “Se ha comprobado que los medios de comunicación son actores relevantes en el fenómeno de la desinformación. En ocasiones, sus intervenciones han generado que la desinformación se expanda más rápido, en otros casos, han sido efectivos en promover información chequeada como respuesta a la información falsa… Resulta importante que los medios de comunicación y periodistas recuerden el rol que les toca cumplir en una sociedad democrática de canalizadores privilegiados del debate público. Ello impone una serie de buenas prácticas que han demostrado ser contribuciones significativas al sistema democrático, como el periodismo de investigación, la independencia editorial y cierta objetividad como ideal regulativo de oficio”, concluye el documento.

La Guía se realizó a partir de los aportes de la comunidad y en base al trabajo de un “Panel de expertos sobre el fenómeno de la desinformación deliberada en contexto electoral”, conformado bajo el modelo de “múltiples partes interesadas”. Allí participó Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM.

La Guía para garantizar la Libertad de Expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales puede consultarse completa aquí.

 

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Imagen destacada: Adaptación de «#Desinformation (Deutsche Twitter Trends am 13.03.2019)» por trendingtopics con licencia CC BY 2.0

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