Expertos y expertas analizaron la situación de la distribución de la publicidad oficial en América Latina y el Caribe y cómo esto influye o impacta sobre la sostenibilidad de los medios de comunicación, el trabajo periodístico y la libertad de expresión. Allí, OBSERVACOM presentó avances de una investigación sobre la temática desarrollada con apoyo de UNESCO
En el marco de la Conferencia Académica organizada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el gobierno de ese país, el pasado 4 de mayo se llevó a cabo el panel “Distribución de la publicidad oficial en América Latina y el Caribe: su impacto en el periodismo, los periodistas y la viabilidad de los medios independientes”, organizado por OBSERVACOM. En el evento, expertos/as de la región y organizaciones de la sociedad civil expusieron evidencias actualizadas sobre cómo se realiza la distribución de la publicidad oficial en América Latina y el Caribe.
Jimena Torres, investigadora asociada de OBSERVACOM y coordinadora de una investigación de alcance regional sobre el tema, presentó avances de la misma donde se relevan los marcos regulatorios vigentes y las prácticas administrativas en la distribución de publicidad oficial en 10 países de América Latina y el Caribe, así como su impacto sobre los sistemas de medios de la región.
Este proyecto es apoyado por el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PIDC) de la UNESCO e incluye a Santiago Marino -como investigador principal- e investigadores/as en cada uno de los países del estudio.
Torres sostuvo que teniendo en cuenta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la asignación arbitraria de publicidad oficial muchas veces aparece como un mecanismo de censura indirecta, algo que “sabemos que ocurre en la región”.
Dentro de los resultados preliminares de la investigación, la coordinadora del proyecto aseguró que se encontró una gran dificultad en la mayoría de los países de la región para acceder información oficial actualizada (con una ausencia de marcos normativos integrales y obligaciones de divulgar el destino de fondos públicos), así como una ausencia de una normativa integral específica, que regule las diferentes etapas de la publicidad oficial.
Asimismo, Torres comentó que existe discrecionalidad de las autoridades políticas en el manejo de la distribución de la publicidad oficial -habilitada por la ausencia de regulación-, acompañada de una gran dificultad para encontrar buenas prácticas en la asignación de este recurso.
La líder del proyecto sostuvo que la sostenibilidad de los medios y, por consiguiente, la posibilidad de un trabajo periodístico de calidad, muchas veces está en riesgo en regiones desiguales y con sistemas mediáticos tan concentrados. “Necesitamos políticas públicas que promuevan la viabilidad de los medios y una distribución justa y transparente de la publicidad oficial, bajo una legislación específica e integral”, aseveró.
En su exposición, Torres también mencionó que el trabajo buscará generar evidencias que sirvan a asociaciones de periodistas, medios y organizaciones de defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que brindará recomendaciones útiles para los responsables de formular políticas públicas.
Laureano Checa, investigador de la Universidad de Chile y participante del panel, sostuvo que “no existe una ley específica o permanente que trate este tema, sino que hay una serie de normas -decretos u otro tipo de leyes-que la regulan”. Como una de esas normas es la ley de presupuesto que se debe aprobar cada año, da lugar a que los montos puedan “tener un retroceso”.
Checa agregó que “no hay criterios claros y basados en evidencia que fundamenten la distribución de la publicidad”, lo que puede “abrir el camino a una mayor concentración”.
Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, expresó que el país tampoco tiene un marco regulatorio específico sobre publicidad oficial y que los procedimientos existentes para asignar este recurso “dan pie para la asignación arbitraria de la publicidad oficial”.
Por su parte, Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), sostuvo que “la publicidad oficial es el principal factor de censura en el ejercicio periodístico, no solamente porque terminan con las líneas editoriales y las posiciones de los medios de comunicación, sino también por la dependencia de la relación económica”.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, declaró que México no es la excepción, y que también existe una tendencia a utilizar la publicidad oficial como un medio de premio o castigo a las líneas editoriales.
Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), también participó en el panel moderando la actividad.
Si te perdiste el evento podés verlo AQUÍ
ENLACES RELACIONADOS: