PNUD Perú elaboró una guía para fortalecer la prevención y la respuesta frente a la violencia digital electoral en Internet. La publicación contó con aportes de OBSERVACOM
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Perú desarrolló la “Guía práctica para prevenir, documentar y denunciar la violencia digital en procesos electorales”, dirigida a candidaturas, periodistas, organizaciones políticas, autoridades electorales y ciudadanía en general. La publicación reúne una serie de orientaciones prácticas para reconocer estas agresiones, conservar evidencia y recurrir a mecanismos de denuncia que ofrecen las principales plataformas que se utilizan en América Latina. Fue elaborada con financiamiento de la Unión Europea y contó con aportes técnicos de OBSERVACOM. El documento identifica una dificultad que limita la respuesta ante estas agresiones: aunque existen canales de denuncia en las plataformas y rutas institucionales de apoyo, “muchas personas los desconocen, no saben cómo usarlos o no identifican cuál es el más adecuado para su caso”.
Para responder a ese problema, la publicación del PNUD presenta un recorrido que abarca desde la identificación de las agresiones y la evaluación del riesgo hasta la documentación de los hechos y la búsqueda de apoyo. También ofrece recomendaciones para fortalecer la seguridad digital personal e institucional.
Entre sus contenidos incluye instrucciones para reportar contenidos en Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, X y YouTube. En cuanto a las rutas de apoyo en Perú, reúne información sobre organismos como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Jurado Nacional de Elecciones.
La guía combina orientaciones generales para prevenir y responder a la violencia digital, con información específica sobre el marco normativo y las rutas institucionales de denuncia y protección disponibles en el país.
La guía advierte que las amenazas, el acoso, la difusión de datos personales, la suplantación de identidad y los contenidos manipulados con inteligencia artificial pueden utilizarse para intimidar o silenciar a quienes intervienen en las elecciones. Según la publicación, estas agresiones pueden desalentar la participación política y afectar la calidad del debate público.
El texto también presta atención a los efectos diferenciados sobre mujeres, personas con discapacidad y otros grupos que históricamente han enfrentado barreras para participar en la vida pública. Por eso, plantea que la prevención y la respuesta requieren el compromiso de instituciones públicas, plataformas digitales, organizaciones políticas, medios de comunicación y sociedad civil.
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