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Análisis - Brasil Español

Concentración en Internet y los desafíos para garantizar derechos.

Helena Martins*/ Brasil, abril 2016.

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Desde los años 70, las tecnologías de la información se volvieron necesarias para integrar las plantas productivas propagadas en todo el mundo y para viabilizar la ampliación de la financiación, para la cual las infovías son imprescindibles. En general, tal desarrollo también está vinculado a la búsqueda del capital para expandirse a áreas menos mercantilizadas, como la cultura.

Es cierto que el desarrollo de las tecnologías fue acompañado de la tentativa de construcción de un mundo más interactivo y descentralizado. Pero todavía, lo que vemos es la lógica de concentración ya verificada en otros sistemas mediáticos, pero ahora con ropas nuevas, que en nuestra comprensión, significa la ampliación de los conglomerados en el campo de las comunicaciones.

Se estima que la empresa norteamericana Level 3 cuenta con el 70% del tránsito mundial de gran volumen de internet, ya sea por medio de infraestructura propia o de terceros, con los cuales mantiene alianzas. En los Estados Unidos, cinco empresas son responsables del 70% de los ingresos generados en el mundo digital  entre ellas están Amazon, Alphabet (nueva matriz de Google) y Facebook. Google y Apple forman prácticamente un duopolio para las aplicaciones de telefonía móvil, lo que es viabilizado por contratos millonarios que garantizan la disponibilidad de sus productos en los aparatos.

También Google es hegemónica en relación a las búsquedas en internet, lo que ha suscitado discusiones sobre cómo la empresa usa su poder de mercado. Desde 2010, la Comisión Europea acusa a la empresa de abusar de su posición dominante y adoptar prácticas anti-competitivas en la exhibición de anuncios relativos al comercio electrónico. Recientemente, también el cruce de datos de los usuarios entre YouTube, Google y otros pasó a ser tema de las autoridades europeas.

El escenario de concentración también se mantiene cuando el asunto es el acceso a la banda ancha. El servicio está asentado sobre una estructura telecomunicaciones ya concentrada. El histórico monopolio del sector, la necesidad de grandes inversiones para que un agente pueda entrar en ese mercado y la ausencia de políticas públicas capaces de estimular la competencia y el pluralismo son algunos de los factores que explican esa situación. Además de ellos, claro, está el hecho de que la comunicación es tratada como un negocio y no como un derecho.

En Brasil, Vivo, Claro; TIM; OI y SKY disputan la oferta de los accesos a Internet, tanto por medio de redes fijas como móviles. Todas son controladas por grupos transnacionales. Como resultado de eso, los brasileños pagan uno de los precios más altos del mundo en banda ancha  y la mayoría de los municipios tienen accesos precarios al servicio.

Ya que todo el país no interesa a las empresas, tenemos verdaderos desiertos tecnológicos, lo que amplia la desigualdad intra e inter- regional. En cuanto la proporción de domicilios con acceso a Internet es de un 54% en áreas urbanas, ese número cae al 22%, en las áreas rurales. En la región Sudeste, 60 de cada 100 municipios poseen acceso, en la región Norte, son apenas 35, según la investigación TIC Domicilios de 2014.

La calidad del acceso es otro problema, el cual es reforzado por políticas públicas que no trabajan con la idea de la universalidad, pero si con el paradigma de la masificación del acceso al celular. Nunca está demás recordar que las diferencias en la calidad del acceso y de uso, cada vez más, refuerzan otras desigualdades sociales.

El desafío de garantizar universalidad de la banda ancha solo podrá ser superado con la consideración del acceso a Internet como un servicio básico. Eso debe significar mayor regulación estatal, adopción de políticas y subsidios públicos que sean revertidos en obligaciones condescendientes de las empresas para que, de hecho, todo ciudadano tenga ese derecho garantizado.

Ese fue la comprensión seguida por los países que consiguieron con éxito la universalidad, conforme lo muestra la investigación realizada por Intervozes en 2012. En Finlandia, Francia, Corea del Sur, Japón y otros, el acceso a la banda ancha se dio con una actuación del Estado como agente impulsor. En general hubo adopción de regulación, políticas de acceso abierto y promoción como por ejemplo, por medio de programas de auxilio financiero. El caso uruguayo debe ser destacado. La universalidad fue dada a partir del propio Estado y la oferta del acceso ha sido acompañada de políticas importantes en relación a la educación para los medios.

Lo que tenemos en Brasil y en otros países del sur del globo es la tentativa de transferir esa obligación a grupos con intereses particulares, como el propio Facebook. El mayor ejemplo de eso es el proyecto Internet.org, lazado en 15 países. Por medio de él, la empresa pretende ofrecer “internet” a la población que no está conectada, sin cobro por conexión o por descuento en el paquete de datos, acceso a un conjunto de aplicaciones y páginas seleccionados por el propio Facebook. Como resultado, la empresa generará más informaciones privilegiadas sobre los usuarios, las cuales podrán subsidiar la producción de publicidad personalizada. El nombre inicial de la iniciativa no deja dudas sobre otro gran objetivo: confundir a Internet con Facebook.

Internet.org es hoy una de las grandes amenazas a la neutralidad de  la red y puede significar un amplio control de los flujos de información, violando la neutralidad de la red al restringir el acceso a determinadas aplicaciones. También viola la libertad de escoger por parte del consumidor, pues quien define el proveedor de conexión y  el acceso a las aplicaciones es Facebook, lo cual representa una ventaja anticoncurrencial, pues privilegia determinadas empresas, comprometiendo la innovación.

Otras violaciones a la neutralidad de la red ya han sido verificadas por medio de la práctica de Zero rating o acceso patrocinado a determinadas aplicaciones, contenidos y servicios. Son comunes hoy las alianzas entre operadoras de telecomunicaciones con  Twitter,  Facebook y Whatsapp para que esas redes permanezcan accesibles inclusive después de agotar la el saldo o pago por el servicio de datos.

El Zero rating hiere la neutralidad, pues no trata igualmente diferentes contenidos a partir del momento en que acaba el pago de paquetes de datos, que es en general pequeña.  En la práctica, ocurre el bloqueo a todo el universo de contenidos disponibles en Internet, menos a los aliados comerciales de la operadora. Eso consolida una lógica anticompetitiva y lastima los principios que rigen el Marco Civil de Internet. Si consideramos, como dice la ley, que el acceso a Internet es un derecho, ni siquiera la interrupción de los servicios debería ser permitida, al final se trata de un servicio de interés público, esencial y de carácter universal.

Ese es un tema polémico y está en discusión en este momento, en que debatimos la regulación del Marco Civil de Internet en Brasil. La ley apunta que la neutralidad podrá ser relativizada dependiendo de necesidades técnicas. El Zero rating, conforme lo explicado, no se encuadra en esas situaciones excepcionales. Sin embargo, en la propuesta de reglamentación presentada a la sociedad, el gobierno brasileño calla sobre esta situación y hasta amplía las posibles excepciones de neutralidad. Eso es una lucha para garantizar ese principio fundamental continuo – y de la que depende la garantía de otros derechos no tratados aquí, como el derecho a la privacidad, que se revela como central en la sociedad contemporánea, sea por las apelaciones del mercado o por la acción del Estado por el control en que vivimos.

* Miembro del Consejo Directivo de Intervozes y doctorante en comunicación social en la Universidad de Brasília (UnB).

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