Fuerte reacción y críticas a propuesta para ley de radio y televisión elaborada por Viceministerio
COSTA RICA | 2 de febrero de 2015
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) desató la polémica en las últimas semana al difundir un proyecto de ley de radio y televisión con propuestas que alarmaron al sector.
Las alarmas de los empresarios se encendieron días antes de un taller con el cual el Ministerio pretendía iniciar el proceso que debe culminar a mediados del 2015 con una propuesta para la Asamblea Legislativa.
Cámaras, concesionarios y especialistas avalan la transparencia para analizar el llamado “Documento base de discusión” y sus 53 páginas, 104 artículos y 7 transitorios. Sin embargo, cuestionan si es necesario actualizar la ley (en especial porque el proyecto se elabora para cumplir un pedido de la Contraloría General de la República) y alertan por la gravedad de numerosos ítemes que deben ser reelaborados.
Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radio (Canara), dijo que el cambio tecnológico no justifica necesariamente que se deba tener una nueva ley. “Debe definirse y decirse con claridad qué es lo que se quiere, para qué se quiere y cuál es la mejor forma de hacerlo”, afirmó.
La Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) anunció al Ministerio que se tomaría tiempo prudencial para pronunciarse. “Este proyecto de ley debe ser un instrumento para normar en forma moderna y eficiente las comunicaciones”, dijo Saray Amador, presidenta de Canartel.
La ministra Gisela Kopper respondió que la política para la gestión del espectro está “a nivel estratégico” en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), y en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). “Todo alineado con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y sus procesos pero respetando la soberanía del país”, afirmó Kopper.
Tras recibir las primeras reacciones del sector, la jerarca ordenó la suspensión del taller de análisis del documento, programado para el pasado 27 de enero, y asumió directamente el tema que conducía el viceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz.
Algunos de los planes a los que alude Kopper todavía están pendientes como el PNDT y el PNAF.
¿De dónde salió?
En cuanto el Micitt distribuyó el borrador de proyecto, las alarmas se encendieron en todo el sector.
Román Fallas, asesor legal de Televisora de Costa Rica, propietaria de Canal 7, respondió que recibieron el documento hace dos semanas y que harán sus observaciones en los talleres que convoque el Micitt.
Antonio Alexandre García, concesionario de canales 49 y 54, sí adelantó que la propuesta crea una gran inseguridad jurídica, pues —por ejemplo— permite que impere la subjetividad de los funcionarios para mantener o no una licencia ya otorgada. “Es aleatorio: depende de lo que el jerarca de Micitt decida”, afirmó.
Juan Manuel Campos, especialista legal de Ciber-Regulación, advirtió que hay artículos que tienen roces con la Constitución y que no está claro el modelo que se propone.
Canara recalcó que la propuesta no tiene justificaciones y que algunas definiciones pueden ser razonables pero “otras no”.
“No podemos ocultar nuestra preocupación. La iniciativa ‘base’ del Poder Ejecutivo parece tener un marcado sesgo ideológico, influenciado por iniciativas puestas en práctica en países como Ecuador y Argentina, así como paralelismos con procesos de conflicto con los medios de comunicación independientes en Venezuela”, dijo Piedra, de Canara.
Este gremio anunció que trasladaron la propuesta a conocimiento de la Asociación Internacional de Radiodifusores, una organización que agrupa asociaciones de radio y televisión privadas de las tres Américas, “cuyo cuerpo de juristas está analizando el texto base del Ejecutivo”.
La ministra Kopper explicó que el documento “se origina de los equipos técnicos del Viceministerio”. Insistió en que tiene carácter de borrador y que el texto es para discusión, en línea con “los pilares de transparencia y eficiencia” que sustentarían las acciones del Micitt.
Recordó que el proceso nace de una recomendación de la Contraloría, la cual “señaló parte de los aspectos que la legislación debe abarcar”, entre otras cosas.
“No nos cabe duda que en el caso de existir alguna propuesta en el articulado que roce con aspectos constitucionales y derechos fundamentales se abordarán de inmediato. Todas las observaciones que se reciban serán atendidas y se les brindará una respuesta formal sobre su incorporación o no”, aseguró Kooper.
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