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Declaración sobre Libertad de Expresión en la Era Digital de la SIP: fuerte debate sobre el rol de los intermediarios en Internet

En su Asamblea anual que tuvo lugar en Salta (Argentina) entre el 19 y 22 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.

El documento, que actualiza la Declaración de Chapultepec de 1994 al mundo digital, reivindica que la libertad de expresión y de prensa debería garantizarse en el entorno digital igual que en el analógico; que las regulaciones deben garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible y respetuoso de los derechos humanos; y que las sanciones ulteriores por la difusión de ideas en Internet deben estar establecidas expresamente por Ley.

La Declaración pone el acento en el rol de los gobiernos como potencial amenaza a la libertad de expresión, mientras que a los intermediarios de Internet sólo se les reclama autorregularse y que busquen equilibrios entre la protección de la libertad de expresión, de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

Este tema se saldó en el marco de un fuerte debate sobre el tema entre los representantes de las empresas (con Clarín como actor destacado) y presiones de Google (sponsor del evento) y Facebook, con varios de sus funcionarios presentes durante la Asamblea.

Como resultado, la Declaración final bajó el tono hacia el papel de los intermediarios que le atribuía el borrador del documento difundido previamente por la SIP. Por ejemplo, en el texto inicial planteaba que el “bloqueo y filtrado de contenidos”, tanto por parte del Estado o como “imposición a los intermediarios tecnológicos o por decisión de estos operadores, constituye censura previa, salvo que se trate una expresión no protegida por el derecho a la libertad de expresión y cuente con orden judicial”.

El documento aprobado solo mantuvo el rechazo a la censura previa cuando proviene del Estado, y no menciona ni caracteriza la acción de los gigantes de Internet. “El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”, señala el punto cinco de la Declaración.

En el punto 13, mientras tanto, se aceptó que los intermediarios puedan restringir contenidos siempre que los criterios sean “claros y transparentes” y que dispongan de “mecanismos de denuncia accesibles a quienes puedan verse afectados en el ejercicio de sus derechos”.

La Declaración Digital también se expresa sobre el asunto de las “fake news” las cuales define como “diseminación maliciosa o deliberada de desinformación”, adoptando un modelo de autorregulación, así como la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital.

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