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Denuncian efectos negativos de la concentración de medios en Nicaragua ante la CIDH

Varias organizaciones sociales nicaragüenses denunciaron restricciones a la libertad de expresión por la concentración de la propiedad de los medios de radio y televisión en manos de un duopolio conformado por la familia del Presidente Daniel Ortega y del empresario mexicano-norteamericano Ángel González. En el marco del 161 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvo lugar del 17 al 22 de marzo en Washington, Estados Unidos, además denunciaron la agresión a periodistas y medios independientes y el uso arbitrario de la publicidad oficial.

“La grave situación amerita la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones por parte de la Asamblea Nacional… proponemos que se haga efectiva la prohibición expresa de la concentración de medios audiovisuales, que se establezca un órgano independiente del poder ejecutivo para que se encargue de regular la entrega de las frecuencias radioeléctricas y que se contemple la creación de un sistema de comunicación audiovisual público, privado y comunitario con reconocimiento expreso de la radio y la televisión comunitaria”, señaló Carlos Chamorro, representante del Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO) en la sesión dedicada a abordar “Situación del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua”.

Chamorro advirtió que en el sector de la radio “la familia Ortega es dueña de la nueva radio Ya y la Sandino, y al menos de 10 emisoras más, mientras Ángel González controla 17 radioemisoras”. Respecto de la situación de la televisión, señaló que “la existencia del duopolio restringe las posibilidades de expresarse de los nicaragüenses y de recibir información. En tanto estos canales se dedican primordialmente a difundir propaganda oficial, nota roja y entretenimiento banal  anulando el principio de pluralidad de las fuentes informativas y la posibilidad de propiciar el debate público”.

En relación al uso de la publicidad estatal, el representante de CINCO señaló que “en 2016 las instituciones estatales invirtieron US$ 16,2 millones en publicidad oficial, este gasto estatal representa aproximadamente el 10% del total del pastel publicitario y se destina de forma casi exclusiva a financiar los canales de televisión de la familia presidencial”. En consecuencia, sostuvo que “para corregir estas prácticas, reclamamos que dicte una nueva norma para sujetar la asignación de la publicidad oficial a regulaciones que garanticen la aplicación de criterios objetivos y justos independientemente de la línea editorial de los medios de comunicación”.

Por su parte, el representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) se refirió a las violaciones en relación a los pedidos de acceso a la información pública. Denunció la “falta de voluntad política para dar cumplimiento a la ley de acceso” y señaló que “el Estado debe implementar medidas efectivas para garantizar la aplicación de la Ley de Acceso, sancionar administrativamente a los funcionarios que la incumplen y efectuar las reformas pertinentes para adecuar dicha ley a los estándares internacionales”.

Tanto la relatora del país, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, como el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, manifestaron su preocupación por la ausencia de representantes del Estado de Nicaragua en la audiencia.

«Cuesta entender que un Gobierno que gana las elecciones con un 72% se niegue a hablar de libertad de expresión», señaló Lanza. En tanto Arosemena alentó a “buscar puentes de comunicación con el Estado para tener la oportunidad de recibir la información que sea necesaria, que nos permita evaluar junto con la sociedad sus peticiones, su realidad en este momento, en esta materia”.

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