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Desacuerdos sobre cuotas de producción nacional en OTT audiovisuales del proyecto de “Ley Corta” de contenidos en Argentina

La semana pasada, la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado invitó a representantes de distintos sectores empresariales y sociales para opinar sobre el proyecto de Ley 709/19, comúnmente denominado “Ley Corta” de contenidos con el que se pretende introducir cambios a las modificaciones que previamente introdujo el DNU 267/2015 a las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, Argentina Digital, que se desreguló el sistema de medios en Argentina tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.

Representantes de productores independientes, de productores y programadores de TV, de televisoras comerciales, empresas de TV por cable, sindicato de TV, gestoras de derechos y de la Cámara de Internet apuntaron sus observaciones a la propuesta de sistema de cuotas de producción nacional e independientes tanto para TV abierta y paga como para los servicios audiovisuales que se brindan a través de Internet en la modalidad bajo demanda.

Esta última es la gran novedad que incorpora el proyecto, que establece una cuota del 10% para que producciones nacionales sean incorporadas en el catálogo de los OTT audiovisuales. Además, el proyecto busca re-establecer algunas de las obligaciones sobre cuotas de producción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA) para los servicios de TV por cable.

Si bien desde la Cámara de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) celebraron el proyecto, manifestaron que la cuota del 10% para servicios OTT audiovisuales es escasa. Además advirtieron que sería necesario segmentar las cuotas en franjas horarias para la TV tradicional de modo general e incorporar a los estrenos.

En una dirección similar se manifestaron el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), quienes consideraron que los porcentajes para OTT audiovisuales deberían ser del 30% como lo estableció la Directiva Audiovisual europea.

Por el contrario, la Asociación de Televisoras Argentinas (ATA), que nuclea a las televisoras comerciales de TV, consideró que el sistema de cuotas debe ser eliminado y solicitó que se incluyeran exenciones impositivas para las televisoras ya que, desde su perspectiva, tienen cargas excesivas respecto de los actores del ecosistema de Internet.

Por su parte, la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), donde tiene amplia injerencia Cablevisión- Telecom, expresó su desacuerdo con el proyecto que devuelve parcialmente a la TV por cable a la órbita de los servicios audiovisuales en lugar de la consideración como servicio TIC que le asignó el DNU 267. Además apuntó a las diferencias en las cargas regulatorias entre ellos y los servicios de plataformas.

La Cámara Argentina de Internet (CABASE) consideró que la propuesta de regular a los servicios audiovisuales bajo demanda a través de internet no es positiva, ya que va en contra del desarrollo tecnológico y desalienta la inversión. Asimismo planteó que la regulación de las telefónicas y de los servicios audiovisuales no debe trasladarse a los servicios de Internet.

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