El dossier temático “Concentración en Internet y Regulación”, publicado por la Revista EPTIC (Revista Electrónica Internacional de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura), intenta contribuir a la transformación social, fomentando y compartiendo el pensamiento crítico, a través de diversos aportes como valoraciones de las políticas regulatorias, textos sobre la comunicación y su actualidad, así como análisis de las transformaciones tecnológicas y las problemáticas que esta conlleva.
Ana Bizberge, investigadora asociada de OBSERVACOM y coordinadora del dossier, como parte de estos aportes, entrevistó a Edison Lanza, exrelator para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde analizó el negocio de las plataformas, su concentración y las decisiones afectan la democracia.
Según afirmó Lanza, está ampliamente aceptado por el derecho internacional y por expertos, que, a mayor concentración, menor cantidad de fuentes, de diversidad y pluralidad de información, lo que afecta una de las precondiciones de la democracia.
Si bien con Internet aumentó la diversidad, el pluralismo y la fundación de medios o iniciativas digitales, señaló que “el problema de la concentración en Internet empieza con el modelo de las plataformas. Hay cuatro o cinco que tienen un grado de concentración en cuanto a la cantidad de usuarios que es descomunal, que nunca antes a nivel planetario se había visto. Es una esfera pública mediada por el sector privado”.
A su vez, en la entrevista Lanza agregó que no todos los fenómenos son culpa de las plataformas, sino de su concentración y modelo de negocios, que está basado en la extracción de datos privados y personales. Es eficiente para generar publicidad dirigida a quien busca determinado producto o información, incluso algunas plataformas han admitido que el algoritmo que utilizan, tiende a reproducir en mayor cantidad los contenidos dañinos que los informativos.
“Esos mecanismos de targeting y desinformación se han utilizado en el campo de las campañas políticas, la transferencia de datos de usuarios a actores políticos o maliciosos, que han usado el modelo económico de las plataformas para direccionar mensajes políticos en un sentido u otro, o diseminar información que perjudique a un candidato. Además, no todos tenemos el mismo megáfono y lo que genera más impacto es la exageración, la polarización”.
Con respecto a los mecanismos de autorregulación de las plataformas, Lanza afirmó que el Oversight Board de Facebook, por ejemplo, puede ser eficaz en algunos sentidos. “El trabajo reconoce que la autorregulación es una forma válida de resolver algunos de los problemas de moderación de contenidos. Es un modelo sui generis. No existía uno parecido. Lo que teníamos hasta ahora eran declaraciones y mecanismos internos de las plataformas para definir litigios o afectaciones a personas que las utilizan, es decir, mecanismos de apelación interna que no han sido satisfactorias de acuerdo al derecho internacional”, expresó.
Sin embargo, sostuvo que tiene ciertas limitaciones, como poder abarcar solo unos casos de los miles que existen, a su vez de que es selectivo respecto a los estándares de la empresa. “No es suficiente, siempre los ciudadanos en cualquier conflicto donde están en juego derechos fundamentales tienen que tener acceso a la justicia”, expresó.
En la misma línea, los que no tienen cuenta en Facebook y pueden ser afectados, no pueden acceder a ese mecanismo. Otra cuestión vinculada al derecho es si tendría que haber una regulación específica donde plataformas estuvieran obligadas a rendir cuentas, para que cuando no haya satisfacción a través de la autorregulación, las personas puedan tener acceso a la justicia para decidir su caso. Lanza agregó que “siempre los ciudadanos en cualquier conflicto donde están en juego derechos fundamentales tienen que tener acceso a la justicia. Un acceso oportuno, expedito y sin trabas, en su propia jurisdicción. Eso es complementario, no es contradictorio con el Oversight Board”.
Para Lanza, no hay una visión común en la región sobre la regulación estatal sobre el Internet, e incluso en algunos Estados se usó la regulación como censura, tratando de usar la desinformación para hostigar a los medios y activistas o para crear figuras ambiguas y criminalizar a la disidencia.
“La concentración también afecta porque si las redes usan la propiedad intelectual de los medios y éstos no reciben nada a cambio de ello es un problema”. Según el ex relator, es interesante ver la experiencia europea con respecto a pagos de derechos y acuerdos que las plataformas están cerrando para apoyar a mantener los medios tradicionales.
Desde la perspectiva de Lanza, un documento de estándares debería abordar ejes que tienen que ver con los principios de derechos humanos que también rigen en Internet, tales como; “el acceso universal, la no discriminación, el derecho a la privacidad, garantías para la libertad de expresión, obviamente, la moderación de contenidos- que afecta a la libertad de expresión y es lo más novedoso-, la vigilancia y los discursos que afectan derechos (discurso de odio, discriminatorios o que incitan a la violencia por razones discriminatorias)”.
Por último, con respecto a qué aspectos deberían ser abordados desde la regulación estatal, Lanza afirmó que principalmente debería ser la neutralidad de red, la no interferencia en los contenidos, la limitación de responsabilidad de intermediarios, y los temas de privacidad.
A continuación, se puede ver la entrevista completa dentro del dossier temático: “Concentración en Internet y Regulación”.
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