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España: Adopción de la Directiva Europea de Derecho de Autor en el país genera fuertes críticas

El gobierno español está a punto de incorporar la nueva Directiva Europea de Derechos de Autor al marco normativo nacional mediante un Decreto Ley. Es decir, sin que la propuesta pase por el Congreso de los Diputados, lo que ha generado una gran polémica. Los defensores del derecho a la libertad de expresión señalan posibles impactos negativos de la incorporación de la Directiva y falta de transparencia en el proceso. Los miembros del bloque tenían plazo hasta el 7 de junio de 2021 para trasponer la directiva del copyright europea, la polémica ley aprobada en marzo de 2019. No obstante, el gobierno español no ha cumplido con el plazo y ahora tiene un período de gracia de seis meses para incorporar la Directiva, de lo contrario podría ser multado.

La Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI) ha denunciado la opacidad del Gobierno en la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, expresó que le parece «inaceptable que esta ‘Ley Uribes’ que va a imponer la censura previa en internet, el control de contenidos por robots (filtros automáticos), sin garantizar la revisión humana ni el control judicial se apruebe sin transparencia en el proceso».

Sánchez hace referencia al artículo 17 de la Directiva, que coloca la responsabilidad de proteger a los autores en las plataformas de Internet. Con la nueva política, las plataformas deben evitar que se publique contenido protegido para evitar sanciones, ya que pueden ser considerados responsables por una infracción de derecho de autor por contenidos publicados por terceros.

Plataformas digitales y periodismo

Otro punto de destaque en la polémica es por el derecho de los medios informativos de recibir compensación económica por parte de  las plataformas digitales por el uso de sus contenidos. El artículo 15 de la Directiva otorga a los editores de prensa el derecho a conceder o no el visto bueno a sitios con ánimo de lucro para que compartan “fragmentos significativos” de sus publicaciones.

Con la publicación de la llamada “Ley Uribes” en España, la actual Ley de Propiedad Intelectual que obliga las plataformas digitales a remunerar al periodismo por enlaces y que llevó a la salida de Google News de España, en 2014, queda eliminada. Esta norma, en su artículo 32.2, regula los derechos de autor en favor de las empresas de prensa frente a las de agregación de contenidos en Internet. Mediante la gestora CEDRO, los medios pueden exigir el pago de royalties cada vez que se enlacen sus noticias.

De acuerdo con El País, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), la Conferencia de Asociaciones de Escritores y Escritoras de España, la Asociación de Medios de Información (AMI) y a las entidades de gestión de derechos de autor españolas reunidas en Adepi ya solicitaron al Gobierno que mantenga la gestión colectiva obligatoria de derechos de propiedad intelectual cuando se aplique la Directiva. Los editores reclaman que estas organizaciones se mantengan como garantes para “aportar al mercado equilibrio y la seguridad jurídica necesaria”. El sector considera que es “una de las grandes conquistas europeas para el mundo de la creación” con la que además se garantiza “la cobertura asistencial a miles de autores”.

Ante el cambio de escenario regulatorio, Google News podría estar en vías de volver all país. Según indica Reuters, Google está negociando acuerdos de licencia individual con cada medio. Con ello el servicio presumiblemente puede mostrar de nuevo las noticias recopiladas en su agregador de noticias. Un movimiento que llega a meses de que España implemente la Directiva de los Derechos de Autor de la Unión Europea, que requiere a los agregadores compartir parte de sus ingresos con los medios.

La adopción de la Directiva no es automática. Los países del bloque tienen un plazo de dos años para discutir y aprobar leyes de carácter nacional. Hasta ahora solo Alemania, Holanda y Hungría incorporaron toda la Directiva en legislaciones nacionales. Francia ha incorporado el artículo 15, el que trata de la remuneración de las plataformas digitales a los medios de comunicación.

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