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Especialistas debaten sobre responsabilidad de intermediarios en Internet a partir del caso CFK vs Google

El pedido de prueba de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el resultado del panel de conocimiento de Google en el que apareció como “Ladrona de la Nación” puso sobre la mesa las tensiones en torno a la responsabilidad de intermediarios en Internet en Argentina.

OBSERVACOM y Access Now organizaron un conversatorio el 19 de agosto denominado “Caso CFK vs Google. La responsabilidad de los intermediarios en Argentina”, que contó con la presencia de Eduardo Ferreyra (Asociación por los Derechos Civiles – ADC), Agustina del Campo (CELE – UP), Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre), Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes), Diego de Charras y Diego Rossi (ambos de la Universidad de Buenos Aires).

En la apertura del diálogo, Javier Pallero, moderador del encuentro y Director Global de Políticas Públicas de Access Now, planteó que el caso de CFK vs Google sirve para poner sobre la mesa la “insuficiencia de los modelos existentes sobre responsabilidad de intermediarios en Internet”. “Por distintas razones, la responsabilidad limitada ya no es sostenible, por cuestión de derechos, geopolíticas y por la propia evolución de los debates tecnológicos”, aseguró.

Por su parte, Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, planteó que la organización “defiende la no responsabilidad objetiva de los intermediarios por contenidos de terceros, pero hemos sido críticos a la falta de respuesta adecuada sobre la responsabilidad que sí tienen los intermediarios cuando intervienen sobre la visualización, priorización y hasta remoción de esos contenidos con una moderación de contenidos por actos propios”.

El investigador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Eduardo Ferreyra, señaló que el caso de CFK vs Google permite reflexionar sobre cuatro aspectos: la autoría, la falta de transparencia y debido proceso, el contexto y las esferas en las que tienen lugar los debates sobre regulación de Internet.

Desde la perspectiva de Ferreyra, el panel de conocimiento de Google pone a la plataforma en el lugar de autor. “Si uno lee lo que dice Google hay elementos grandes para decir que es autor de ese contenido ya que se plantea que es un resumen de información en base a una interpretación de Google”.

Ferreyra cuestionó la falta de transparencia de la plataforma sobre sus algoritmos y se preguntó si la celeridad con la que actuó en el caso de la vicepresidenta hubiera sido posible para cualquier ciudadano/a.

En relación al contexto del debate planteó que “muchas veces la autorregulación se justificó para evitar que los Estados intervengan de manera directa y censuren contenidos. Pero las plataformas están censurando por sí mismas, incluso en contra de los propios gobiernos, como lo ilustró el caso de Trump y Twitter”.

Por último indicó que las discusiones sobre regulación de plataformas se producen con cierto “elitismo” entre los intereses del poder político y el poder económico. “¿Dónde está el papel de la ciudadanía en estas discusiones? Las organizaciones de derechos humanos tenemos mucho para aportar y salir de la dicotomía poder económico/poder político”, aseguró.

Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo (UP) explicó que la novedad del caso radica en que pone sobre la mesa un debate sobre la responsabilidad de intermediarios por contenidos de terceros que fueron editados.

“Hasta ahora a nivel regional la conversación giraba en términos de un intermediario “neutro” de un lado y del otro lado teníamos a medios de prensa y periodistas. Este caso trae una tercera categoría que es la de responsabilidad de intermediarios por contenido de terceros editado ¿quién responde por ese contenido? ¿Eso constituye o no una obra nueva? …Para ver si hablamos de nuevo autor o un tipo de intermediación distinta a la que veníamos hablando”, se preguntó.

Señaló que pocos países de América Latina tienen regulación sobre responsabilidad de intermediarios que establezcan un principio general sobre el tema. “El caso trae al centro del escenario la necesidad de establecer principios generales sobre responsabilidad de intermediarios… el principio general es que los intermediarios no son responsables por contenido de terceros. Eso hoy no está en una ley en Argentina… Cuando se trata de actos propios, las plataformas tienen que ser responsables, lo interesante es determinar en qué momento se transforma en acto propio”, dijo.

El investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Martín Becerra, planteó que el caso expone dos interrogantes: “el que se plantea en países centrales sobre actores con posición dominante que abusan de mecanismos de organización de información como barrera de acceso a competencia, pero también (sobre) cómo inciden en la exposición de noticias y contenidos que alimentan la conversación pública. La propia indexación de contenidos ya expresa un tipo de intervención que no puede ser neutra, por definición”.

El segundo interrogante apuntó hacia el hecho de que el motor de búsqueda se trata de un servicio comercial.  “Hay que poner como elemento de análisis no solo la jerarquización y priorización que hacen las plataformas, sino además el hecho que se trate de un servicio comercial. No es un dato menor”, señaló.

Desde su perspectiva un principio general que debería guiar la regulación de intermediarios es el de asimetría. «La carga de responsabilidad para potenciar la exhibición y circulación de ideas diversas es diferente si se trata de una plataforma tecnológica monopólica que, por ejemplo,  un servicio innovador haciendo pruebas”, sintetizó.

Por su parte, Beatriz Busaniche, Presidenta de la Fundación Vía Libre, planteó que la particularidad de la curaduría de contenidos por parte de las plataformas es que, por un lado, la editorialización funciona a través de una organización algorítmica y, por el otro, que la construcción de resultados se realiza en función de lo que la plataforma sabe de nosotros.

“Ahí entra a terciar algo más que la línea editorial… es una línea editorial en la que nosotros también tenemos un rol. Los usuarios incidimos en los resultados que algoritmo arroja. En el panel de conocimiento de Google hay una clara curaduría. Ahí no hay gran discusión… La clave es desentrañar cómo se configura la línea editorial en la que los usuarios tienen un rol central”, explicó.

Señaló que “hay que pensar los principios generales que protegen la libertad de expresión del eslabón más débil que somos los usuarios”. Además dijo que “el interés público debería tener preeminencia sobre la propiedad intelectual cuando ambos derechos están en conflicto”.

En tanto Diego Rossi, docente de la UBA y asesor legislativo, planteó que “no deberíamos tener prurito en hablar de regulación”. Señaló que hasta ahora primaba la idea de que la autorregulación a partir los términos y condiciones de las plataformas era suficiente. Bajo esta mirada “no habría regulación posible” y “parecería que hay que resignar ciudadanía y jurisdicción (aplicación de leyes locales) frente a los términos de servicio globales”, explicó. Frente a esto, desde su perspectiva, es importante generar un debate social  sobre la necesidad de regulación para las plataformas de Internet con el objetivo de defender los intereses de sectores vulnerables.

Por su parte, Diego de Charras, también docente de la UBA y Presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (RedCom) sostuvo la necesidad de avanzar por la vía de mecanismos de regulación, en lugar de co-regulación. Señaló  que “hay que avanzar en una regulación que ponga en la esfera pública, en el debate parlamentario, el rol de los intermediarios de Internet… Hay que pedir a las plataformas que nos expliquen cómo funcionan sus algoritmos para que con esas informaciones el Parlamento pueda trabajar en una regulación inteligente”.

El video completo del evento se puede ver acá.

 

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