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Fuerte rechazo de Relatoría CIDH y organizaciones sociales de México por sanciones desproporcionadas a empresas de Internet por no pago de impuestos

La propuesta de bloqueo temporal de sitios web y aplicaciones en Internet de empresas extranjeras que incumplan con el pago de impuestos en México generó un fuerte rechazo tanto por parte del Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como de organizaciones sociales de derechos digitales y empresas de la economía digital.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de la Secretaría de Hacienda -incluida en la «Miscelánea Fiscal 2020”- que propone cambios en la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y establece que las empresas digitales extranjeras que prestan servicios en México deberán tener domicilio en el país y pagar IVA e impuesto a la renta. El proyecto incluye que, en caso de incumplimiento de sus obligaciones tributarias, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría bloquear temporalmente el acceso a los servicios digitales de las plataformas. La discusión ahora debe continuar en el Senado y, de aprobarse, entraría en vigor en 2020.

El Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, consideró que la adopción de este tipo de mecanismos es una medida desproporcionada que afectaría la libertad de expresión en la medida en que se atenta contra la apertura de Internet. “Si todas las agencias estatales comienzan a tener autoridad para en definitiva, por cualquier tipo de razón, bajar páginas así nada más, bueno pues Internet se puede volver un queso gruyere y aparte se puede afectar su forma de funcionamiento”, dijo Lanza a El Economista.

Las empresas de Internet “tienen que tener compromisos con los efectos que tienen en cada jurisdicción” y los gobiernos tienen “la soberanía para imponer regímenes fiscales y regulaciones al comercio electrónico”, pero deben hacerlo sin distorsionar el funcionamiento de Internet.

Por eso sugirió la adopción de mecanismos alternativos para que el Estado pueda cumplir con sus legítimos objetivos de recaudación de impuestos pero que signifiquen “afectar menos la libertad de expresión o la libertad de comunicación”.

Además planteó que “toda medida que puede afectar la libertad de comunicación, de información, tiene que estar pautada por la intervención de un organismo autónomo e independiente del poder económico, del poder político, del poder fiscal, con la posibilidad de un debido proceso”.

La propuesta del gobierno también suscitó críticas por parte de organizaciones mexicanas de derechos digitales, entre las que se incluyen R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) y la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, que alertaron sobre los riesgos para la libertad de expresión.

“Las organizaciones firmantes valoramos positivamente la intención del gobierno federal de diseñar e implementar mecanismos que garanticen una recaudación efectiva, proporcional y justa de las contribuciones de las empresas de la economía digital que se encuentran en el extranjero pero que generan riqueza por su actividad en México. No obstante, consideramos que resultan insuficientes las propuestas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) relacionadas con las empresas que prestan servicios digitales, ya que presentan deficiencias que pueden hacer inefectiva e inequitativa la recaudación, al tiempo que ciertas medidas representan amenazas para el ejercicio de los derechos humanos y podrían obstaculizar la llegada de más servicios a nuestro país”, sostiene un comunicado conjunto.

Entre los principales riesgos a la libertad de expresión, las organizaciones señalan la vaguedad de las categorías de servicios digitales; que el potencial de reducción de la oferta de contenidos y servicios iría en detrimento de la pluralidad y la innovación; que la suspensión de conexión a aplicaciones, servicios y contenidos es desproporcionada para el fin perseguido; que la información solicitada a las empresas para demostrar que sus consumidores se encuentran en México son fácilmente eludibles por los usuarios; y que la propuesta no considera las disparidades entre Pymes y grandes empresas para adaptarse a las obligaciones; entre otros aspectos.

Las empresas de la economía digital también criticaron la propuesta de la Secretaría de Hacienda utilizando, en parte, los mismos argumentos que el Relator y las organizaciones de derechos digitales, es decir, las afectaciones a la libertad de expresión, a la innovación y lo desproporcionado de las sanciones.

Sissi de la Peña, representante de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), dijo a la agencia Efe que la sanción de desconectar a las plataformas digitales que incumplan con obligaciones fiscales es inconstitucional y atenta contra la libertad de expresión. Además señaló que, de implementarse la medida, las más afectadas serían las pequeñas y medianas empresas porque la aplicación de una fórmula única para todas las plataformas (grandes y chicas) genera dificultades de adaptación al cambio fiscal.

ALAI también apuntó al tipo de información que la normativa exige pedir a los usuarios (datos fiscales, entre otros) porque se trata de información sensible y es importante “saber cómo manejas, dónde la almacenas, quién la usa, quién la ve, quién tiene acceso. Ahí estoy hablando de muchos temas de seguridad que las empresas mismas van a tener que considerar en implementar los sistemas para cumplir con lo que pide Hacienda», explicaron.

 

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Imagen destacada: EFE

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