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Fuertes críticas a la propuesta canadiense para regular moderación de contenidos de las plataformas digitales

Un anteproyecto de regulación de las plataformas digitales presentado por el Gobierno de Canadá (proyecto de ley C-10) está generando polémica entre los expertos en derechos digitales. La legislación propuesta ha sido criticada por la Electronic Frontier Fountation (EFF) y la directora de regulación de plataformas del Stanford Cyber Policy Center, Daphne Keller, por su posible impacto en los derechos humanos, en particular, en la libertad de expresión.

Michael Geist, profesor de derecho especializado en regulación e Internet, criticó, además del texto propuesto, el método de consulta pública propuesto por el Ejecutivo canadiense. Según él, el modelo de consulta presentado podría caracterizarse mejor como «un aviso de consulta, ya que hay pocas preguntas, opciones o interés aparente en escuchar lo que los canadienses piensan de los planes».

Para la EFF, el aspecto más «atroz» de la propuesta es que crearía un regulador de la expresión en Internet «con amplios poderes para garantizar el cumplimiento y redefinir continuamente lo que significa el cumplimiento». Pero las críticas también recaen en las amplias categorías de «contenido dañino», que incluyen explícitamente el discurso legal pero potencialmente perturbador o dañino que debe ser retirado de la red en 24 horas y el requisito de filtrado (la propuesta dice que los proveedores de servicios deben tomar medidas razonables que «pueden incluir» filtros).

La propuesta también incluye sanciones de hasta el 3% de los ingresos brutos de las empresas o de hasta 10 millones de dólares, además del bloqueo de sitios web, la obligación de informar de los contenidos potencialmente dañinos (y de los usuarios que los publican) a las fuerzas del orden y a los organismos de seguridad nacional, y las obligaciones de conservación de datos.

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